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Periodismo en Ecuador: entre el exilio, amenazas y asesinatos en la impunidad
En menos de un año, 11 periodistas ecuatorianos han recurrido al exilio después de haber sido amenazados de muerte. Sin garantías de vida y protección estatal, muchos de estos profesionales replantean su futuro, mientras quienes permanecen en Ecuador exigen seguridad. La impunidad en el caso del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio —coinciden expertos— abrió el camino para que en Ecuador, que vive su peor crisis de seguridad, los ataques contra periodistas se repliquen en zonas periféricas y en los sets de la televisión local.
Primera modificación:
“Que Dios nos guarde, nos lleve a puerto firme y que esta pesadilla termine”, escribió Paulina*, una periodista ecuatoriana, en un corto mensaje de texto, mientras enviaba su última fotografía en el país que la vio nacer, donde ejerció su oficio y formó su familia. En aquella imagen, de enero de 2024, Paulina aparece junto a su esposo y colega Ramiro*, con quien lideraba una radio en una ciudad amazónica de Ecuador, abrazados a sus dos hijas, aún niñas, en los asientos azules de un bus interprovincial que los llevaría a otro país que no conocían.
Después de haber sido amenazados más de tres veces por un grupo de delincuencia organizada que opera en la zona en la que trabajaban y reubicarse temporalmente en otra ciudad ecuatoriana en octubre de 2023, una nueva alerta los obligó a salir del país meses después y comenzar una nueva vida sin su entorno familiar más cercano.
El exilio —ese destierro que deja en el limbo los proyectos personales y la posibilidad de retorno— ya no es aislado en Ecuador, que vive la peor crisis de seguridad de su historia. Y ha tocado al periodismo nacional: Paulina y Ramiro son dos de los 11 periodistas ecuatorianos, de acuerdo con las organizaciones locales Fundamedios y Fundación Periodistas Sin Cadenas, que debieron huir del país andino, en menos de un año, entre marzo de 2023 y enero de 2024.
#INFORME📑| Fundamedios reportó en febrero 15 agresiones y víctimas, frente a un mes de enero dónde se contabilizaron 42, en gran medida fruto del ataque a @tctelevision. Los actores estatales fueron el principal agresor, este mes, contra la prensa con 16 ocasiones.
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) March 3, 2024
▶️… pic.twitter.com/q9UNdwj78s
“Lo único que hicimos es informar lo que denunciaba la comunidad, porque ese es nuestro trabajo. Y hacerlo nos costó replantearnos toda nuestras vidas, incluidas las de mis niñas. Y nos sentimos solos, porque, ¿cómo denunciamos si las propias autoridades trabajan con esas bandas criminales”, cuestionó Paulina, antes de dejar su hogar temporal.
Durante más de 20 años de trayectoria, Patricia y Ramiro cuentan que enfrentaron varias agresiones: desde insultos en redes sociales hasta pedradas en sus casas en épocas electorales. Sin embargo, su exilio y el de sus colegas les ha hecho entender, dicen, que el periodismo en el país también vive su peor crisis de seguridad. Esa es la preocupación de quienes han huido de Ecuador, de quienes aún continúan en el país, que vive un conflicto armado interno declarado y de organizaciones sociales que defienden la libertad de expresión.
Los datos avalan el temor: las amenazas de muerte han aumentado en un 328% de 2021 a 2023, un incremento porcentual calculado con cifras que la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que trabaja por los derechos de la prensa y recaba información de ataques, proporcionó a France 24.
El 2024 tuvo un inicio violento que se vio en las pantallas del mundo, en directo: la incursión criminal al canal TC Televisión el pasado 9 de enero. Para la periodista Susana Morán, presidenta de Periodistas Sin Cadenas, aquel ataque fue el espejo de lo que vive el periodismo: “una evidencia de las debilidades que tenemos como país, como empresas mediáticas y como periodistas de a pie. Nos demostró que todos somos vulnerables”, dice Morán.
Y ocurrió, reclama, en medio de una evidente “falta de interés” para proteger el ejercicio periodístico y el desconocimiento del Estado sobre cómo funcionan los medios. Una de las mayores muestras de ello, refuta Morán, fue la declaración del actual presidente Daniel Noboa luego de lo ocurrido en TC, cuando cuestionó a otro canal televisivo que se enlazó a la señal del canal TC mientras se transmitían los hechos del suceso, tachándolo de hacer “apología del terrorismo” y pidió que sea investigado.
La crítica crisis de seguridad que vulnera al periodismo en Ecuador no estalló de la noche a la mañana. En una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2023, una delegación de organizaciones y periodistas, liderada por Fundamedios, denunció la ausencia de políticas públicas que garanticen la vida de los profesionales, de mecanismos de protección y de acceso a la justicia en emblemáticos casos de violencia contra periodistas, como principales causas de vulnerabilidad de la profesión.
La impunidad, la puerta abierta hacia la violencia contra el periodismo
Quien escuche la consigna: "¡Nos faltan 3!" en Ecuador sabe que es la memoria de un triple crimen que marcó un antes y un después en el periodismo en Ecuador. Es una frase que reclamó el regreso del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra —equipo de Diario El Comercio—, secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra (FOS), un disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en la frontera norte de Ecuador con Colombia, entre marzo y abril de 2018.
Ortega, Rivas y Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018, mientras realizaban una cobertura periodística en Mataje, una parroquia rural del cantón fronterizo San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, que colinda con Colombia. El crimen ocurrió dos meses después de un atentado contra un cuartel policial de ese mismo cantón, que encendió las alertas sobre el comienzo de una violencia sin precedentes que también explica la crisis de seguridad que hoy vive el país.
Tras una negociación de liberación fracasada del entonces gobierno de Lenín Moreno —que aún no ha sido esclarecida— y operativos militares no admitidos por el Estado colombiano, el expresidente confirmó el asesinato de los periodistas el 13 de abril de ese año. Lo hizo un día después de que varias fotografías, que mostraban a los comunicadores sin vida, fueran filtradas junto a un panfleto firmado por el FOS en el que señaló que los mataron por operaciones militares en la zona. Durante ese año, el FOS asesinó a, al menos, cuatro militares y una joven pareja de civiles.
A menos de un mes de cumplirse seis años del crimen, el caso sigue sin rumbo, impune. No ha pasado de la etapa de indagación previa, una fase aún preprocesal. En Colombia hubo dos condenas, pero hasta hoy no se conoce qué pasó con las negociaciones, las operaciones militares y las responsabilidades de las autoridades binacionales.
Cualquier banda criminal se siente casi con el derecho de agredir a la prensa con la plena seguridad de que no le va a pasar nada
Y la información sigue silenciada. Desde 2018, las familias de los periodistas han pedido que se desclasifique una serie de tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que esclarecerían, principalmente, cuáles fueron las decisiones gubernamentales en el caso. Aunque hubo múltiples ofrecimientos del gobierno de Moreno y el de Guillermo Lasso para desclasificar el contenido, ninguno cumplió. Ahora, la exigencia está hecha para el actual presidente Daniel Noboa.
Para la periodista Susana Morán, la impunidad en el caso Nos Faltan 3 es una de las grandes razones “para que la prensa esté siendo tan atacada en una realidad en la que cualquier banda criminal se siente casi con el derecho de agredir a la prensa con la plena seguridad de que no le va a pasar nada”.
En 2022, los periodistas Mike Cabrera, Gerardo Delgado y Henry Vivanco, que trabajaban en la costa ecuatoriana, fueron asesinados. En agosto de 2023, el magnicidio del periodista y político Fernando Villavicencio, que perseguía la Presidencia de Ecuador, conmocionó al país. En ese mismo año, la investigación fiscal del caso Metástasis reveló que el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una masacre carcelaria en 2022, habría planeado el asesinato de Delgado.
El caso Metástasis también evidenció que Norero y Xavier Jordán, a quien la Interpol busca desde enero de 2024 por delitos de corrupción y narcotráfico, hablaron sobre asesinar a periodistas de varios medios de comunicación masivos para silenciar las denuncias en su contra.
Mecanismos de protección, una deuda que se salda a cuentagotas
Hasta noviembre de 2023, Ecuador no había activado un mecanismo de protección para periodistas. No existía, pese a que, luego del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, se creó un Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y se incluyó la ejecución de un “sistema de protección” en las reformas a la Ley de Comunicación, en 2019. Las medidas fueron implementadas por exigencia de organizaciones, familiares de los periodistas asesinados y recomendaciones hechas por el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante ese año.
Pero la normativa no se concretó en la práctica. Dice Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, una entidad estatal encargada de implementar mecanismos que garanticen el ejercicio periodístico, que había vacíos legales en la ley. “El sistema de protección se incluyó de forma muy general y en la ley no se detallaron cuáles eran las instituciones que debían formar parte, sus responsabilidades y el presupuesto para funcionar”, cuestiona Cruz, que lidera la institución desde 2021.
Con varios periodistas asesinados y exilios replicándose, el nuevo Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico llegó de forma tardía, en agosto de 2023 y se instaló en noviembre. El organismo, que incluye a 11 instituciones estatales y civiles, fue instaurado como parte de las reformas al reglamento a la Ley de Comunicación, expedido por el expresidente Guillermo Lasso.
El Mecanismo, dice Cruz, es un “avance importante”. Y quien está al frente del organismo es Ricardo Rivas, miembro fundador del colectivo Nos Faltan 3 y hermano del fotógrafo Paúl, asesinado en 2018.
La motivación de Rivas para dirigir el Mecanismo de forma voluntaria es que existan garantías para los periodistas, las que su hermano Paúl no tuvo. Pero enfrenta un desafío: el presupuesto, que aún no ha sido asignado.
Sin dinero, no podemos hacer mucho
Ricardo Rivas confirmó que, en enero de 2024, ya se hizo el pedido presupuestario, de 784.000 dólares, para que el Mecanismo dé sus primeros pasos concretos. Pero es un rubro inicial. Jeannine Cruz explica que el presupuesto clave, para que el Mecanismo funcione bien, debe ser de, al menos, 6 millones de dólares.
“Estamos comenzando de cero, pidiendo reuniones y socializando la importancia de este mecanismo a las autoridades para que haya voluntad política por parte del gobierno y lo financie, porque sin dinero, no podemos hacer mucho”, dice Rivas. Aún así, es optimista: “estamos acompañando varios casos y denuncias que nos han llegado; está funcionando” cuenta a France 24.
Pese a la violencia y la precariedad, los periodistas quieren continuar con su oficio
“Es un camino desafiante, pero el periodismo me apasiona y quiero contar lo que viven nuestras comunidades”, dice Emilia Armas, una periodista de 25 años, desde Esmeraldas, una provincia que sobrevive al empobrecimiento y la violencia de grupos armados que reclutan a niñas y niños pequeños.
Emilia ha trabajado en medios digitales y televisivos, pero, además del incremento de la violencia, la precarización —la falta de pago y el abuso laboral— la hicieron renunciar al último medio en el que estuvo. No es aislado. La Fundación Periodistas Sin Cadenas ha monitoreado casos en los que un periodista ha llegado a ganar solo 1 dólar por un reporte.
🔴 La mayoría de casos son descalificaciones, agresiones militares y falta de sueldos. pic.twitter.com/13U1TyjmxX
— Fundación Periodistas Sin Cadenas (@SinCadenasECU) February 29, 2024
Pero Emilia no se rinde: ahora aplica a becas y talleres de seguridad para prepararse. “Creo que es necesario contar lo que ocurre en zonas como Esmeraldas, pero desde un enfoque de derechos humanos, no desde esa visión coercitiva o solo policial”, cuenta.
Con ella coincide Manuel*, un periodista con más de 15 años de trayectoria, que investiga las dinámicas del crimen organizado en una provincia costera. “Sé que en algún momento podría ser amenazado, por eso informo de forma anónima. Lo que importa es narrar, explicar lo que vivimos y seguir exigiendo que nuestro trabajo no nos cueste la vida”, asegura Manuel.
Los exilios y las muertes alarman a Emilia y Manuel, pero, como decenas de periodistas en Ecuador, se resisten a dejar de escribir, de contar. “Y debemos hacerlo en honor a quienes han sido asesinados y por quienes han sido desterrados de este país que nos duele”, dice Manuel.
