La pobreza la demanda y el precio de la cocaína origen de la Guerra al Narcotráfico
Este 2021 se reportó el máximo histórico mundial de producción de cocaína, 52 años después de que el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarase la “guerra contra las drogas” (War on Drugs). Una persecución en la que se ha invertido más de un trillón de dólares, millones de muertos y encarcelados. En Colombia, cerca de la mitad de las reclusas están en prisión por delitos de drogas menores y más del 83 % de este grupo es de bajos recursos. Las mujeres empobrecidas son las víctimas de una guerra contra las drogas malograda y cada vez más cuestionada.
1- "Yo quería dejar de ser pobre"
Nairoby Reina quería dejar de ser pobre. Era 2014: ya había muerto Hugo Chávez, el ‘boom’ petrolero había terminado y Venezuela estaba en recesión. Nairoby tenía 21 años, tres hijos y un compañero ausente. Viajó, como lo harían después millones de venezolanos, con una maleta llena de ropa. Debía ir a Bogotá, Lima, São Paulo y, finalmente, a un país de África. Recibiría 3.000 dólares. Quería dejar de ser pobre, pero ha pasado los últimos ocho años en Bogotá. En este tiempo solo ha conocido un lugar: la cárcel de mujeres del Buen Pastor. En su primera parada, la policía encontró escondido, en un doble fondo, un cargamento de cocaína. Cuando pidió ayuda a sus contratistas, la línea ya no funcionaba. No ha vuelto a ver a sus tres hijos, nunca ha recibido una visita y espera poder despedirse de su padre enfermo.
Cuando Liam recibe un mensaje de su madre piensa que, por fin, la va a poder ver. No se acuerda de ella, pero todas las noches pide que salga de la cárcel. Hace ocho años detuvieron a Nairoby Reina y hace cuatro años Liam cruzó la frontera de Venezuela, con su tía Nathaly Reina, para instalarse en Cali, en el Pacífico de Colombia. Los dos hermanos de Liam siguen en Venezuela con una de sus abuelas porque Nathaly solo podía encargarse de uno. También tiene tres hijos y, como migrante, los recursos son escasos.
“Fue trágico”, recuerda Nathaly cuando recibió la noticia de que su hermana había sido detenida por transportar una maleta con droga. Pero igual que durante toda su vida, no había tiempo para lamentos: otra de las hermanas se ocupó de los hijos de Nairoby y Nathaly tuvo que trabajar el doble para alimentar nueve bocas. Es la mayor de cuatro y está acostumbrada a tirar del carro. Con el que reparte cafés por las calles de Cali a 30 céntimos, pero también el de la vida, el que descubrió con 15 años, cuando su madre murió en un accidente de tráfico y su padre dejó de ser quién era. Nairoby tenía entonces nueve años y ya quería dejar de ser pobre.
2- "Cuando mi hija me vio, me dijo 'tía'"
Desde el barrio Los Alpes pueden ver a Bogotá, pero a ellos nadie los ve. Tanto es así que en ese punto termina el asfalto, en casas que suben hasta la cima de la cordillera de los Andes. Allí vive Patricia Merchán, madre de siete hijos, abuela de cinco nietos y marcada para siempre por sus cuatro años en prisión. Cuando le ofrecieron vender bazuco, perico (cocaína) y baretos (cigarrillos de marihuana) no lo pensó: la nevera estaba vacía, los servicios públicos cortados y sufría violencia de género.
Consiguió respirar durante tres años hasta que la detuvieron en 2011. Ahora, los domingos convoca a los hijos y nietos con los que convive, a aquellos que pueden visitarla, pero a los que no están, también, por videollamada. Un pan, un huevo duro y un café para desayunar. Deberes en comunidad. Perros, pollos y gatos. Y un domingo cada dos semanas: un helado para cada uno. Toda la familia orbita alrededor de Patricia, que les da la luz para que, aunque estén a tres horas del centro de una ciudad ciega a las distancias, al menos, se puedan ver entre ellos.
En el momento en el que Patricia Merchán entra en la biblioteca de la cárcel de Chiquinquirá, sus rodillas pesan el doble, el aire se vuelve denso y el presente, onírico. Un sueño solo interrumpido por gritos sordos, contenidos durante años. Patricia ya no siente el hormigueo de los nervios y la imaginación dejará de dibujar el encuentro hasta que, de vuelta en su casa, pueda reconstruirlo.
Quizás, por la noche, en su cama, recordará cómo su hijo Jefferson trató de colocar las manos esposadas en su espalda. Puede que su mente olvide que una de las guardias contenía el llanto. A lo mejor en su mente una luz cenital también ilumine sus rostros. Lo que seguro recordará es la inmensidad de un abrazo cuatro años y medio postergado. Patricia Merchán no había podido reunir en este tiempo el dinero necesario para visitar a su hijo a 150 kilómetros de su casa.
Con 18 años, Jefferson Merchán se encargó de sus seis hermanos, desde que Patricia fue detenida. El resultado para él fue el mismo: para sacar adelante a la familia entró en el negocio del microtráfico, hasta ser detenido con 21 años y dos hijos. Hoy ya lleva más de ocho años privado de la libertad.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denuncia que la detención de madres cabeza de hogar tiene efectos devastadores en familias y comunidades. Una cadena hereditaria de pobreza y cárcel que deja a mujeres como Patricia lidiando con la peor condena: la culpa. Cuando termina la visita, su mirada se pierde y se repite en voz alta: “Está muy flaco”.
3- "Mujeres libres"
Desde que salió de la cárcel en 2015, Patricia Merchán solo tuvo un trabajo que perdió con la pandemia. Ha recibido todas las violencias: económicas, de género e incluso un juez llegó a decirle que “no era apta para la sociedad”. Después de la cárcel, las mujeres se encuentran solas contra el mundo, pero un día de 2018, Patricia Merchán recibió una invitación en Facebook para unos encuentros con mujeres que hubieran estado en prisión. Las reuniones las organizaba Claudia Cardona, con quien coincidió en la cárcel del Buen Pastor.
Este colectivo se llama hoy Mujeres Libres y quiere abolir las prisiones. Pero antes de llegar al objetivo final, son un punto de encuentro para exencarceladas, acompañan a las que siguen en prisión y hacen incidencia política. Colombia fue el único país que aceptó acoger el primer Encuentro Internacional de Mujeres Anteriormente Encarceladas, con más de 60 participantes de 20 países. Lo organizó Mujeres Libres. Fueron días para olvidar la etiqueta de la cárcel, organizarse, levantar el puño y gritar juntas “mujeres libres”.
En la cárcel de Acacías, cuatro horas al sur de Bogotá, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, pide a las mujeres presas que hagan un círculo. Sin micrófono y mirándolas a la cara, les pide dos cosas: que piensen a quién quieren abrazar cuando salgan de la cárcel y que se acuerden del peor momento que hayan vivido en prisión.
Es el mensaje que el Gobierno lleva por cárceles de toda Colombia para socializar la ley 2292 de 2023, que podría liberar a entre 3.500 y 4.500 mujeres cabeza de hogar que cometieron delitos en situación de vulnerabilidad. El enfoque es restaurativo: libertad para recomponer sus familias mientras realizan trabajos que beneficien a la sociedad.
El Gobierno quiere solucionar, antes de que acabe 2023, el fracaso de las cárceles decretado por la Corte Constitucional en 1998 y, entre sus medidas, pone el foco en quienes han sido los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico: las mujeres pobres, cuyo encarcelamiento tiene efectos devastadores en familias y comunidades.
4- "Esta guerra no le ha servido al país"
La historia de Nelly Luna podría representar la de una campesina cualquiera de Colombia. Seis hijos, separada y sin tierra. Como tantos colombianos, en 2004 salió desplazada junto a 3.000 vecinos de la Unión Peneya, Caquetá, por quedar en medio de los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Tardaron tres años en volver.
Nelly fue cultivadora de coca por más de 30 años. Hasta 2014, cuando abandonó atraída por las posibilidades que se dibujaban por un posible acuerdo de paz entre las FARC y el Estado y ya se hablaba de la financiación para sustituir los cultivos ilícitos. En 2016 se firmó el proceso de paz y un año después, en lugar de volver a la agricultura, le llegó la cárcel.
Nelly participó como lideresa en lo que llama un “cerco humanitario”, medida de protesta en la que los campesinos retienen a los uniformados que llegan para erradicar los cultivos de coca. Una forma de forzar una negociación antes de perderlo todo. A Nelly la acusaron de secuestro extorsivo y pasó un año en prisión, lugar que no le desea a nadie.
“Las mujeres en las cárceles por delitos de drogas son víctimas del conflicto. En la Comisión de la Verdad pensamos la política antidrogas como el detonador más indiscriminado, letal y nocivo del conflicto armado. Hay que entender que esta lucha contra las drogas es también contra la oposición política, contra otras ideas de concebir el mundo y una descampesinización de Colombia. No quieren que las mujeres vivan en el campo, sino que las quieren en la cárcel o en la ciudad viviendo empobrecidas.
Aspersaron 8 millones de hectáreas con glifosato, pensando que enviar veneno indiscriminado a los campos iba a salvar el mundo. Por eso, ¿qué significa que la lucha contra las drogas haya fracasado? Cuando te venden desde hace 50 años que el mundo puede vivir sin cocaína, pero hoy vemos que no ha ocurrido y que el mercado de las drogas no ha desaparecido, sino que crece: decimos que ha fracasado. Pero si vemos la política de drogas como un dispositivo de control sobre territorios y cuerpos de hombres y mujeres, ha sido muy eficaz.
El departamento del Caquetá ha vivido la transformación de las guerras del mundo. De un escenario de ‘guerra fría’, de contrainsurgencia contra los campesinos comunistas, se transitó a una guerra no convencional en una guerra contrainsurgente que tiene máscara de antinarcóticos. Una guerra que ha servido como máquina de destrucción de la vida campesina, indígena y del ecosistema amazónico.
Hoy en el Caquetá hay un millón de hectáreas en pastos, 90.000 hectáreas para comida, 400.000 hectáreas en rastrojos y apenas entre 10.000 y 20.000 hectáreas para coca. Esto ha sido la guerra contra las drogas”. Estefanía Ciro, directora del centro de pensamiento amazónico A la orilla del río y coordinadora de investigación sobre narcotráfico para el informe de la Comisión de la Verdad.
La mirada de Estefanía Ciro respecto a las drogas es regulacionista. Varios expresidentes de América Latina como el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y el mexicano, Ernesto Zedillo, han asegurado que la regulación es el único camino para acabar con el narcotráfico y su violencia.Por el momento, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó su nueva política de drogas bajo la premisa de que la guerra que se desató en un intento por erradicarlas fue un fracaso que ha dejado más de un millón de muertos en América Latina.
Colombia tiene el contexto histórico para innovar: los actores armados han mostrado disposición en entablar diálogos de paz y la hoja de coca vive un momento de crisis de precios y venta, con distintas teorías que van desde el auge en el consumo de fentanilo en Estados Unidos, pasando por la diversificación de la producción de coca a países vecinos, e incluso, la búsqueda global de militarizar el Amazonas, donde ha aumentado la concentración de cultivos.
El plan del Gobierno colombiano de “paz total” con los actores armados que tienen vínculos evidentes con el narcotráfico persigue un modelo de Justicia social que incorpore alternativas reales para campesinos cansados de los cultivos de coca y el avance a políticas antipunitivas, donde la regulación de las drogas estaría más cerca.
Un camino para llegar al final de 50 años de guerra contra las drogas. Al final de la guerra contra Nairoby, Patricia y Nelly. Al final de la guerra contra las mujeres pobres.
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