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El que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la presidenta de la Corte de Justicia de Guayaquil estén en la cárcel y procesados por corrupción ya era una cosa impactante en Ecuador, pero que en los cuarteles y escuelas de policía se asesine a mujeres policías y militares, e incluso se las viole, habla de la descomposicion en todos los aspectos que viven las fuerzas armadas del país.
En esta última semana. los militares, que se los había considerado los intachables, han sido detenitos y acusados por crímenes de sus propias compañeras, o poe introducir drogas, armas, explosivos, celulares, etc dentro de las prisiones.
Es posible que esto también pase en otros países del mundo, pero en Ecuador tiene un especial efecto, pues se vive un conflicto interno armado, en que se consideera que los malos son los narcos, los extorcionistas que piden dinero llamados vacunadores, los sicarios, y que los que les combaten son lo contrario.
Este conflicto que ha destruido el turismo a uno de los países ecologica y culturalmente más bellos del mundo, también ha destruido la fama del país, que ahora es uno de los mas violentos del planeta.
Todos los días los ecuatorianos comprueban como, ministros, asamblesistas, ex presidentes, militares, policías, vecinos o son victimas o victimarios, y mas.
Dieciseis millones de habitantes son parte de esta tragedia que hoy embarga al país. Esto ha generado una ola migratoria imparable, que invade Estados Unidos, y México, sobre todo.
Esto se traduce en dudas respecto a todos los candidatos a las proximas elecciones, en elecciones donde hay riesgo mortal pues desde un candidato a la presidencia ha sido asesinado, llamado Fernando Fernando Villaviciencio, hasta alcaldes y candidatos a alcaldes o prefectos, o sea a cargos de elección popular.
Ante eso, los ecuatorianos se preparan para unas próximas elecciones que serán en febrero del 2025, y en las que nadie con hijos, y familiares quiere exponerlos y exponerse como candidato, y ni siquiera ser presidente, ahora en Ecuador da inmunidad, al contrario lo convierte en persona expuesta, tanto él como su familia.
Al parecer lo que se viene es el miedo como dueño del gobierno y la vida de los ecuatorianos, y el miedo es el que está a punto de ganar las elecciones en este país.
“Mi hija fue asesinada y presuntamente violada”: Aidita Ati, la subteniente de 25 años que murió dentro de un cuartel militar en Ecuador
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Pie de foto,Aidita Ati, víctima de un aparente femicidio, en una imagen que circula en redes sociales.Article information
Author,Redacción
Role,BBC News Mundo
El padre de la subteniente Aidita Ati recibió la noticia el sábado 29 de junio a las 9 de la mañana. Su hija había sido encontrada sin vida en su dormitorio del Fuerte Militar Napo, una base en el Oriente ecuatoriano donde ella trabajaba.
El padre de Ati llegó a la base y el comandante le indicó que la noche anterior se había celebrado una fiesta no autorizada en el lugar. Ati había sido llevada a su habitación y amaneció muerta, según el relato.
“Se había ahogado por el licor”, le dijeron al padre, según declaró a medios locales.
Esa fue la primera versión oficial por parte del Ejército Ecuatoriano, que aludía a que Ati había fallecido por asfixia producida por una obstrucción de la vía aérea mientras dormía.
Sin embargo, las investigaciones posteriores mostraron que esta muerte no había sido accidental.
La autopsia reveló que la verdadera causa había sido asfixia por estrangulamiento. Fue entonces que la Fiscalía anunció el inicio de la investigación del caso bajo el Protocolo para feminicidios y otras muertes violentas de mujeres.
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Pie de foto,Guayaquil es la provincia con más casos de femicidio en Ecuador, según un informe de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo
Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (ALDEA), en Ecuador el número de víctimas por femicidios en 2024 sumaba 108 hasta mayo. En muchos de estos casos, las víctimas ya habían reportado antecedentes de violencia o habían solicitado boletas de auxilio para protegerse del posible agresor.
El domingo 30 de junio, las Fuerzas Armadas anunciaron que se había detenido a 18 personas por un lapso de 8 horas en relación con el caso de Ati.
Ese mismo día, la Fiscalía anunció que se instaló una audiencia para formular cargos contra cuatro militares por su presunta participación en el femicidio de Ati y procesarlos como autores y coautores del delito.
Pese al pedido de prisión preventiva para los cuatro implicados por parte de Fiscalía, la jueza encargada del caso dictó medidas alternativas.
La Fiscalía informó que la instrucción fiscal durará 30 días.
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Pie de foto,Desde el año 2014, cuando se tipifico el femicidio en Ecuador, se han registrado 1.812 muertes por razón de género según ALDEA.
Ati fue velada la mañana del lunes en Quito, junto a sus familiares y amigos, y fue enterrada con honores militares.
En medio de la despedida, la familia pidió justicia y exigió que se esclarezca la verdad en este caso. Su padre, Luis Ati, dijo a la prensa que su hija "fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada".
"¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos están matando a nuestras hijas?", reclamó su padre.
Este no es el primer caso de investigación por femicidio al interior de una institución pública en Ecuador.
En 2023, un exteniente de policía, Germán Cáceres, fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal, quien desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía, en el centro norte de Quito, para encontrarse con su esposo.
Cien días en el conflicto interno armad de Ecuador, han premitido un control de las prisiones que eran el campo de guerra de los carteles ecuatorianos del narcotráfico, pero aun no logran el control de los puertos y los barrios miseria que con las otras zonas de guerra.
Además esta guerra ha destapado la corrupción en la justicia de Ecuador desde hace decadas
considerada la justicia mas corrupta de América Latina, la corrupcion en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y muesta las primera señales de deterioro moral en el presidente Daniel Noboa, que se embriago en una visita a España, su tía está en el negocio de las concesiones mineras como Palo Quemado en la Provincia de Cotopaxi, y su familia en la evasion y condonación de impuestos.
"La realidad de América Latina le dio la razón al trilema de Lessing: no puedes disminuir narcotráfico, corrupción y violencia en simultáneo. Tienes que elegir"
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La inseguridad y violencia en América Latina se ha vuelto una de las mayores preocupaciones de la gente.
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Author,Gerardo Lissardy
Role,BBC News Mundo
Si oyes a un político prometer que luchará contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia, quizás deberías preguntarte si podrá hacerlo todo a la vez.
Andreas Feldmann, un académico chileno que investiga temas de criminalidad y violencia, cree que la realidad latinoamericana le dio la razón a su colega estadounidense Benjamin Lessing cuando sostuvo que es imposible atacar los tres problemas a la vez.
De acuerdo a este “trilema”, si se reprime el tráfico de drogas sube el precio de los sobornos y los funcionarios tienen más incentivos para corromperse, mientras que si se lucha contra la corrupción los narcos pueden recurrir a más violencia para mantener su negocio.
“Tienes que elegir entre uno y otro. Y ese es como un gran problema”, explica Feldmann, profesor asociado de ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad de Illinois Chicago, en una entrevista con BBC Mundo.
A su juicio, en la región se observa “una convergencia hacia sociedades más pauperizadas, más violentas y donde los actores criminales han adquirido mayor protagonismo”.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Feldmann, coautor junto al politólogo Juan Pablo Luna del libro “Política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea”, publicado el año pasado:
¿Hasta qué punto las bandas del narcotráfico y el crimen organizado se han vuelto una amenaza para los Estados de América Latina?
Es indudable que se han transformado en un problema muy fuerte, desde el punto de vista de la seguridad, de las economías informales, del grado de penetración.
Observo una cierta convergencia, en el sentido de que cada vez adquieren mayor protagonismo y grados de sofisticación, desafortunadamente.
Es un problema regional. Incluso países que tenían niveles de seguridad relativamente aceptables como Chile, Uruguay o Costa Rica han visto un incremento importante en las tasas de homicidio y criminalidad.
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Feldmann señala que para el problema del crimen organizado "no hay soluciones a corto plazo y eso es muy complejo políticamente".
Se observa un patrón bastante preocupante, aunque hay matices. Hay países que han logrado disminuir un poco las tasas de violencia, pero eso no significa que el crimen como tal haya disminuido.
¿Esto era algo previsible o toma de imprevisto a los países de la región?
Creo que es un patrón de larga data. Una de las cosas que a los investigadores nos tomó un poco por sorpresa fue esta dinámica en la cual las nuevas democracias en los años ’90 empezaron a ser mucho más violentas de lo que pensábamos.
La idea era que a partir del fin de muchas dictaduras, que en general tenían grandes cuotas de represión y generaban violencia, se iba a observar un incremento importante en las tasas de seguridad y una disminución de violencia.
Muy por el contrario, lo que vimos es un aumento de la violencia, democracias muy violentas. Y eso sí nos pilló por sorpresa.
Ha sido un fenómeno de dos décadas y cuando uno observa la trayectoria de muchos países vemos una convergencia hacia sociedades más pauperizadas, más violentas y donde los actores criminales han adquirido mayor protagonismo.
Se ha visto menoscabada la capacidad coercitiva de los Estados. Las policías o incluso los ejércitos una vez que son desplegados no tienen las capacidades para controlar el problema.
Es muy preocupante.
En el libro alertan que la influencia de la industria narco “es mucho más amplia de lo que generalmente se ha pensado”. ¿Por qué?
Porque vemos el problema del narcotráfico, del crimen organizado y las industrias ilícitas más bien como un problema de desarrollo. No lo vemos necesariamente como un problema de criminalidad.
En la medida que un montón de actividades económicas se dan en la esfera de lo ilícito o informal, se priva al Estado de ir a un modelo de desarrollo más vigoroso que incorpore a las personas y les dé condiciones de mayor dignidad.
¿Se refieren a grandes organizaciones al estilo carteles, de bandas y pandillas más pequeñas o de grupos de microtráfico?
En general hablamos de grandes organizaciones. Lo que pasa es que muchas veces delegan su modelo de negocio a organizaciones más pequeñas.
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"En la medida en que el Estado se debilita, estas bandas van aumentando su poder", dice Feldmann.
Lo más problemático es que hay vasos comunicantes entre las entidades y los Estados. Es lo que llamamos “política criminal”, la imbricación entre criminales, políticos y agentes del Estado como policías o jueces, que buscan cada uno sus respectivas agendas y objetivos.
En la región una parte de la política tiene estos ribetes, lo cual representa una desviación del ideal weberiano (de Max Weber) en el cual los Estados actúan de acuerdo a la ley…
Y tienen “el monopolio del uso legítimo de la violencia”, algo que también se pierde…
Se pierde, evidentemente. Lo ves en el caso de México, donde muchas desapariciones no sabemos exactamente quién las hizo: si el Estado, actores criminales o incluso son parte de una operación conjunta.
Esto lo hemos visto en el caso colombiano y en muchos otros.
Se está incrementando más y más esta imbricación que erosiona las capacidades estatales, desmotiva a los actores estatales y genera mayor complejidad en las agendas políticas.
¿Cuánto ha influido la pandemia en este deterioro de la seguridad pública en la región en general?
Muchísimo. Veo el tema migratorio y el efecto de la pandemia ha sido desolador. Ha empujado a millones de personas a la informalidad y le ha dado mayores cuotas de poder a organizaciones sobre esa población informal: hay más capacidad de reclutamiento.
Y en la medida en que el Estado se debilita, estas bandas van aumentando su poder.
Como resultado de la hecatombe que hay en Venezuela millones de personas se desplazan a través de América Latina y el Tren de Aragua ve esto como una oportunidad para desarrollar su modelo de negocio.
Y el Clan del Golfo ha generado millones de dólares como resultado del tránsito de personas desde Colombia hacia Panamá.
En general las condiciones de pauperización y debilitamiento estatal han tenido como correlato un fortalecimiento de muchas organizaciones que tienen más capacidades de adaptabilidad que los Estados.
En este contexto, muchos latinoamericanos ven como modelo a copiar la mano dura de Bukele y su guerra a las pandillas, y gana fuerza en países de la región la idea de involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Una encuesta reciente en Chile señala que 89% de la población está de acuerdo en permitir esa colaboración militar. ¿Qué refleja esto?
Refleja la desesperación de la gente.
El caso de El Salvador es muy diciente: las personas llegaron a un nivel tal que apoyan estas medidas draconianas de la administración de Bukele, incluso cuando ellos mismos tienen familiares presos.
Es un poco “pan para ahora y hambre para mañana”, porque la misma gente que está feliz porque han bajado las tasas de homicidio en El Salvador puede verse expuesta a otro tipo de problemas.
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Bukele ha tomado medidas de seguridad "draconianas" que pueden generar nuevos problemas, advierte Feldmann.
Por ejemplo, un elemento que está pasando en El Salvador y hemos sabido es que la misma policía está extorsionando a los ciudadanos. Los llama para decir: “Vamos a hacer una redada en su casa, pero estamos dispuestos a no hacerla si nos da una pequeña suma”.
Entonces estamos cambiando un problema por otro, porque no se erradicó básicamente la corrupción en la policía salvadoreña y se le otorgó todo el poder. Eso puede ser profundamente peligroso.
No hay soluciones a corto plazo y eso es muy complejo políticamente, porque las autoridades tienen que mostrarse haciendo algo. Y ese clamor de la opinión pública por algún tipo de medida efectista muchas veces va en contraposición con medidas de mediano y largo plazo que pueden ser más efectivas.
Hay que hablarle a las ciudadanías con verdades, decir que este es un problema complejo que requiere grandes acuerdos nacionales, enorme madurez política, concesiones de todos los sectores políticos y que trabajen mancomunadamente las policías, los sistemas judiciales, la sociedad civil y los políticos.
No vemos eso sino un echarse la culpa de una administración a otra, y el problema se vuelve mucho peor.
¿La tendencia al uso de los militares en el combate al narco es también una señal de que los Estados han perdido la brújula en su guerra contra las drogas?
No necesariamente. Lo que los Estados están tratando de hacer es incrementar su capacidad coercitiva, porque las policías no dan abasto.
El problema es que muchas veces los militares tampoco tienen las condiciones para poder hacerlo, porque es un tema de seguridad, orden y se requieren grandes cuotas de inteligencia.
¿Está capacitado el ejército ecuatoriano, que ni siquiera puede pagar los sueldos, para combatir organizaciones tremendamente sofisticadas? Los están poniendo en una situación imposible.
México es un caso muy particular. El Estado desplegó las fuerzas armadas y no fue capaz de atajar esto. No sabemos qué hubiera pasado en México si no hubieran desplegado a las fuerzas armadas. Pero sí sabemos que ese despliegue aumentó las cuotas de violencia.
Y eso tiene que ver con la estrategia que se siguió. No es algo malo per se; es malo en la medida en que se hace de manera apurada, sin un plan y sin dar a las fuerzas armadas capacidad para llevar a cabo una labor para la que no están entrenadas.
En el libro también avisan, recogiendo estudios de otros académicos como Benjamin Lessing, que los políticos enfrentan un “trilema” en el combate a la criminalidad. ¿Cómo es esto?
El trilema es que en el fondo los políticos tienen que elegir entre corrupción, violencia y criminalidad: no puedes eliminar los tres elementos al mismo tiempo.
Los políticos muchas veces tienen grandes problemas en avanzar simultáneamente frente a eso, porque muchas veces uno de los elementos de este triángulo no puede darse. Eso es lo que mostró Lessing de manera muy fidedigna. Y, políticamente hablando, es muy fuerte.
¿Es decir que los países de América Latina tienen que optar inexorablemente entre una escalada de la violencia, el narco o la corrupción?
Exactamente, ese es el argumento de Lessing y la realidad le ha dado la razón.
No puedes simultáneamente deshacerte de las entidades criminales dedicadas al narcotráfico, disminuir la corrupción y disminuir la violencia. Es imposible. Tienes que elegir entre uno y otro. Y ese es un gran problema.
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Ecuador es uno de los países de América Latina que ha apelado a los militares en procura de contener una creciente violencia.
Estaba leyendo una nota de BBC Mundo sobre las dificultades que tiene el gobierno de Petro en negociar con el Clan del Golfo. Pero, como mencionaba la investigadora, los colombianos han entendido que la única forma de tratar de mitigar la influencia de las organizaciones criminales es a través de la negociación.
Pero desde una óptica política eso se ve tremendamente mal y es difícil transparentarlo.
¿Esto también ayudaría a explicar por ejemplo por qué Argentina tiene menores tasas de homicidio y violencia per cápita que otros países de la región?
Así parece. La policía argentina en general, salvo en el caso de Rosario pero sobre todo en el caso del conurbano bonaerense, ha tenido una capacidad básicamente de regular esto de una forma muy astuta y con grandes niveles de ductilidad.
Los actores estatales en Argentina, que tienen el monopolio de la coerción, básicamente negocian con actores criminales y les dan grados de independencia para hacer sus negocios en contraposición de tratar de mitigar las condiciones de violencia.
Ahora, ese equilibrio es precario y frágil. Argentina hasta ahora ha sido capaz de mantener estas condiciones, pero no significa que a futuro ese vaya a ser el caso.
Ustedes también hablan de beneficios que pueden obtener los políticos de la acción del crimen organizado en sus territorios. ¿A qué se refieren?
Si eres un alcalde en una comunidad muy pauperizada, los recursos que te da este tipo de organización son importantes porque van a dar trabajo y grados de estabilidad.
Lo que las autoridades no quieren es violencia, que esto sea llamativo. En la medida en que sea discreto, están dispuestas a mirar para otro lado.
Ante todo esto uno puede pensar en términos tangueros en una especie de gran “cambalache” en América Latina, donde tienden a integrarse los intereses de los políticos con los criminales y la economía legal con la ilegal…
Ese es el punto. En todas las sociedades sucede algo de eso. Lo que estamos observando en América Latina es que la proporción de la economía ilegal y la informalidad sobre el total de la economía es mucho más grande.
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El nivel de informalidad de las economías latinoamericanas puede favorecer las actividades del crimen organizado, señala Feldmann.
Por lo tanto el área donde entra a tallar la política criminal es de muchísimo mayor envergadura. Por eso planteamos que esto en definitiva es un problema de desarrollo.
En el libro consignan que la política antidrogas está desde hace décadas al tope de la agenda de Latinoamérica con EE.UU., que “impuso su visión particular” del narcotráfico, y recuerdan que un grupo de expresidentes de la región reclamó en 2020 rectificar esta estrategia de “guerra a las drogas” por considerarla fracasada. ¿Ves alguna señal de que pueda ocurrir ese cambio?
No, la verdad es que EE.UU. funciona con enormes niveles de inercia frente al tema. No hay una estrategia clara y ellos mismos tienen grandes dificultades para abordar el problema. No veo mayores condicionantes de cambio.
Ahora, nosotros nos centramos en el narcotráfico en el libro. Pero hay una serie de otras economías ilegales que se están dando en la región y estas organizaciones están diversificando sus negocios, tornándose cada vez más complejas y sofisticadas. De modo que el narcotráfico es un elemento.
Al final tiene que ver con cómo funcionan nuestras sociedades y nuestras economías. La droga es importante porque tiene grandes márgenes. Pero hay una serie de otras industrias ilícitas. Y en esto no se le puede echar la culpa a EE.UU.
Que haya tala en el Amazonas o minería ilegal en Perú son problemas más bien domésticos. Es mejor mirarnos al espejo y decir que las condicionantes de nuestros propios países están generando incentivos perversos para que estas organizaciones se involucren.