Entra en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de Latinoamérica
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Titulado oficialmente como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el pacto logrado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018 busca dar garantías en una región con múltiples conflictos ambientales y donde miles de líderes están en riesgo. Países con contextos críticos en esta materia, como Colombia, Brasil o Perú, no lo han ratificado.
Todo empezó con un minuto de silencio en memoria de Berta Cáceres. La lideresa ambiental indígena hondureña que fue asesinada el 3 de marzo de 2016 tras enfrentarse al proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" en territorios indígenas y denunciar la persecución en su contra, tanto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como de aliados del presidente Juan Orlando Hernández. Dos años más tarde, por esa misma fecha, el rostro de Cáceres encabezaba la cumbre en Escazú, Costa Rica, donde los líderes de 33 países de la región la honraban antes de concebir uno de los acuerdos más importantes en materia ambiental del continente.
De ese grupo, 24 países firmaron el compromiso de adhesión, de los cuales 12 lo han ratificado. El Acuerdo de Escazú entra en vigor este 22 de abril, en el Día de la Tierra, y la mitad de sus signatarios están en mora de ratificarlo.
En 2018, el año en que fue concebido, la organización Global Witness reportó que en 2017 habían asesinado a 201 líderes ambientales por defender su territorio, una cifra hasta entonces inédita en los registros de la organización. Casi el 60% de estos crímenes ocurrieron en América Latina y "Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país, con 57 personas asesinadas, el 80% de las cuales fueron matadas mientras protegían las riquezas naturales del Amazonas", dijo en ese momento la organización en el reporte '¿A qué precio?'. Al año siguiente (después de firmado el Acuerdo), la misma organización reportó 167 asesinatos de líderes ambientales en el mundo, la mitad en América Latina, y el segundo país más mortífero detrás de Filipinas fue Colombia.
El reporte más reciente, que ofrece la información de 2019, dice que ese año mataron a 212 personas por defender sus territorios. Dos tercios de esos crímenes ocurrieron en América Latina, "que ha sido consistentemente catalogado como el continente más afectado desde que Global Witness empezó a publicar información en 2012", expresó la organización en un comunicado de julio de 2020, luego de publicar el informe 'Defender el mañana'. Colombia volvió a ser identificado como el país más mortífero para los líderes ambientales tras registrar 64 asesinatos.
El Acuerdo de Escazú: un pacto de esperanza para los líderes ambientales
Múltiples organizaciones, activistas y líderes ambientales en la región coinciden en que el Acuerdo de Escazú busca hacer frente a este panorama. El pacto fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La secretaria de la organización, Alicia Bárcena, dice que este acuerdo es "importantísimo para la región" y nació como "un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social".
Para Graciela Martínez, encargada de campañas para ambientalistas de la oficina regional de Amnistía Internacional (AI), este tratado supone un "paso histórico", pero "todavía debe recorrer un largo camino" y "lograr la adhesión de algunos países muy peligrosos para los ambientalistas como Honduras, Guatemala y Colombia".
El Acuerdo corrió el riesgo de no alcanzar el mínimo de firmas para hacerse oficial, pero en enero lo ratificaron en el último momento México y Argentina. Además de estos, también ratificaron el pacto Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
En un artículo de apertura a un especial sobre el Acuerdo de Escazú, con once reportajes enfocados en distintos países del continente, el proyecto Tierra de Resistentes resalta que el pacto tiene cuatro "pisos mínimos", tal como lo resaltó en 2019 el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny. El primero busca incrementar la transparencia en temas ambientales, además se propone dar garantías a la participación ciudadana, el tercer "piso mínimo" apunta a la justicia ambiental y, por último, se busca establecer “una protección especial a los defensores ambientales”, dijo Uprimny.
"¿Qué sucede si un país, simplemente, no lo quiere cumplir?", se pregunta Sergio Silva Numa en este reportaje de Tierra de Resistentes. Érika Castro, PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio e investigadora de la Universidad de Medellín en Colombia, le contesta que “las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales, no se creó una jurisdicción ambiental internacional, entonces no se puede llevar a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”.
Pero a pesar de este elemento, en muchos países donde no se ha ratificado el Acuerdo, los detractores dicen que se podría vulnerar la soberanía.
El Acuerdo de Escazú no ha sido ratificado en los países donde es más urgente
Brasil encabeza la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, ocupan el quinto y sexto lugar de ese ránking respectivamente. Pese a ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú.
"Creemos que existe un lobby empresarial, que nos preocupa, que está pensando que este acuerdo les va a impedir seguir delante con sus actividades, y no deberían verlo así", dice Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
En un reportaje enfocado en el caso colombiano, el proyecto Tierra de Resistentes cuenta que el presidente Iván Duque firmó el acta de compromiso en el marco de una ola de protestas a finales de 2019. El mandatario emitió una orden de urgencia al Congreso y luego abandonó el proyecto, que no ha recibido el respaldo del partido de gobierno ni de las demás agrupaciones de derecha que lideran el legislativo. El reportaje coincide con la afirmación de Bárcena sobre los argumentos difundidos por el sector empresarial y dice que en Colombia se copiaron los argumentos en contra ya escuchados en Chile y Perú.
Para los analistas, el Acuerdo es un punto de partida para empezar a buscar más garantías para los líderes ambientales y las comunidades más vulnerables. Pero sin los países más afectados por la violencia o las prácticas extractivas irresponsables, el pacto tardará aún más en mostrar resultados
Con EFE y medios locales
