2,6 toneladas de cocaína halladas en un contenedor revelaría una estructura que liga a la familia Noboa con el narcotráfico
El caso Blasti derivó en acusaciones por tráfico de drogas y sospechas sobre el rol de empresas cercanas al círculo presidencial.
Lo que comenzó como un operativo antinarcóticos de flagrancia en el puerto marítimo DP World Posorja, ubicado en la provincia costera de Guayas, escaló a un proceso judicial envuelto en cuestionamientos por demoras procesales y conexiones con el entorno del presidente Daniel Noboa.
El caso, que involucra la contaminación de un contenedor con más de 2,6 toneladas de cocaína, pone bajo la lupa a la empresa Blasti S.A. y a sus directivos vinculados a la familia presidencial.
Entre los días 27 y 28 de marzo de 2025, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas ejecutó un operativo, tras recibir información reservada sobre un contenedor, identificado con el código CMAU6606509, que transportaba sacos color café, que contenían cacao en granos, con destino internacional.
Tras una inspección con el can antidrogas Panzer, se halló una sustancia compacta que dio positivo para cocaína. Además de la droga, se incautaron dos dispositivos de rastreo satelital GPS que, según los informes, “servirían para rastrear el trayecto del contenedor contaminado”.
El parte policial No. 2025032810123593404 detalló que la manipulación y clonación del contenedor habría ocurrido en los patios de la empresa Blasti S.A., donde se detectaron dos contenedores con la misma numeración ingresando en distintos horarios.
Los procesados y sus roles
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cuatro ciudadanos aprehendidos inicialmente: Petter Cedeño Lamilla, Jonathan Santana Santillán, Erick Zuloaga Carrasco y Carlos Julio Vargas Mejía. Posteriormente, se vinculó a Jimmy Sampedro Sancán y Jonathan Sampedro Sancán.
Según un informe publicado por el asambleísta Juan Andrés González, a los procesados se les atribuyen roles logísticos específicos:
“A cada uno se le asignan funciones específicas relacionadas con la conducción de vehículos de ingreso al puerto, la inspección de contenedores en la empresa Blasti S.A., el control de accesos en garitas y la logística interna”.
En la audiencia inicial, el abogado Andrés Vásconez Alarcón, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Playas, dictó auto de prisión preventiva contra los primeros cuatro implicados, señalando que su conducta se adecuaba al delito de tráfico ilícito de sustancias a gran escala.
Guivernau, el chileno atado a la familia Noboa
Blasti S.A. es una empresa dedicada a las actividades de almacenamiento y depósito para todo tipo de productos: explotación de silos de granos.
Según la Superintendencia de Compañías, el chileno Álvaro Ignacio Guivernau Becker (esposo de la legisladora de ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno) es el gerente general de la empresa. Mientras que Silka Sánchez, apoderada y amiga personal del empresario Álvaro Noboa, padre del primer mandatario de Ecuador, funge como presidenta de la compañía.
Los accionistas de Blasti S.A. son:
- Bodega de Almacenamiento Temporal Bodalmet S.A.
- Financiera Sud América LTD.
- Petromar Esmeraldas S.A.
De esta última empresa, una de las accionistas es Isabel Noboa Pontón, tía del presidente de la República, Daniel Noboa. En Petromar Esmeraldas S.A. Givernau es presidente.
Pero eso no es todo. Guivernau, además, es gerente de la exportadora Noboa S.A. y es presidente de Noboa Trading, empresa del conglomerado familiar del presidente Noboa.
Guivernau también es el presidente actual de Agroindustrias San Esteban. Esta empresa cobró notoriedad en 2024. El Ministerio de Educación adjudicó tres contratos de provisión de desayuno escolar, por USD 154,98 millones a la Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas (Corpabe), de la que es accionista la empresa El Ordeño, con el 99%, e Inseragro con 0,001%, la que a su vez tiene como principal accionista a El Ordeño.
Para ese entonces, Isabel Noboa Pontón poseía acciones en la empresa Agroindustrias San Esteban, que es una de las accionistas de El Ordeño. Tras cuestionamientos, se registraron movimientos en el paquete accionario de El Ordeño. El 5 de julio de 2024, Agroindustrias San Esteban C.A. vendió sus acciones a Inseragro S.A. Con ello, ya no aparece como parte del grupo de accionistas.
Cocaína en contenedores de banano de Noboa Trading
Esta empresa cobró notoriedad tras una investigación realizada por la organización no gubernamental “Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado”.
Allí se revela que presuntos narcotraficantes de los Balcanes afirmaron —en chats encriptados de Sky ECC— que tenían acceso exclusivo para cargar cocaína en contenedores de banano de Noboa Trading Co. desde Guayaquil, entre finales de 2020 y comienzos de 2021. Los mensajes se enviaron en febrero de 2021 y constan en un documento confidencial de la Fiscalía de Croacia.
La investigación también reveló que Noboa Trading aparece en otros casos. La revista colombiana Raya informó que, entre 2020 y 2022, se incautaron cerca de 700 kilos de cocaína en tres contenedores de la empresa en Guayaquil.
Según la Superintendencia de Compañías, la empresa Lanfranco Holdings S.A. posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. Según documentos filtrados por Pandora Papers, Daniel Noboa y su hermano, John, serían los verdaderos dueños de Lanfranco Holdings S.A.
El domingo 23 de marzo de 2025, en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral, la entonces candidata, Luisa González, le preguntó a Daniel Noboa por la empresa Noboa Trading y por los tres cargamentos de cocaína incautados. Esto fue negado por Daniel Noboa, quien señaló:
“No soy el dueño de la empresa. Pero sí están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito”.
Blasti, un proceso con dilaciones atípicas
A pesar de haberse iniciado como un caso de flagrancia —diseñado para ser expedito—, el proceso de drogas en la empresa Blasti S.A. ha sufrido retrasos significativos. El 22 de abril de 2025, el juez de la causa resolvió sustituir la prisión preventiva de Cedeño, Zuloaga y Vargas por prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Una decisión calificada como “atípica” para casos de tráfico de drogas a gran escala.
El asambleísta Juan Andrés González fue enfático al criticar la conducción del juicio:
“El proceso penal iniciado bajo la modalidad de flagrancia presenta dilaciones atípicas e injustificadas, incompatibles con la naturaleza excepcional de este tipo de procedimientos”.
Actualmente, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio ha sido reprogramada en varias ocasiones, fijándose finalmente para el 6 de febrero de 2026. Mientras tanto, la sustancia incautada fue destruida el 16 de mayo de 2025, en el cantón Cayambe, bajo la orden del juez Marco Salazar Aguirre, quien dispuso la diligencia mediante un deprecatorio judicial.
