Migraciones en 2023: éxodos y rutas de la muerte
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Este año las migraciones en América Latina alcanzaron niveles inéditos. Desde la peligrosa travesía del Tapón del Darién hasta la frontera entre México y Guatemala, saturada de solicitudes de asilo, la ruta hacia Estados Unidos se consolidó como la más peligrosa. Al otro lado del mundo, el Mediterráneo Central fue testigo de múltiples tragedias y Europa cerró el año con un controvertido pacto migratorio. Mientras que más al este, en Pakistán, 1.7 millones de afganos fueron expulsados, desencadenando críticas por violaciones a los derechos humanos. France 24 hace un recorrido por las rutas migratorias que marcaron este 2023 y las consecuencias para las personas que las transitaron.
La migración en América Latina no hizo más que aumentar. Durante todo este año, miles de personas se vieron forzadas o decidieron dejar sus países de origen y embarcarse en un viaje hacia el norte del continente. Un recorrido plagado de peligros, violencia y condiciones deplorables, en el que la dignidad humana está lejos de ser respetada.
El Darién: violencias y peligros en una vía cada vez más transitada
Específicamente en el continente americano hubo varios puntos que presentaron panoramas alarmantes. Uno de ellos fue el Tapón del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia… y una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
A pesar de ello, más de medio millón de personas pasaron por ese cruce en 2023, según reportaron las autoridades panameñas. Una cifra nunca antes registrada y que superó con creces todas las estimaciones de los gobiernos de la región.
Según Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch, el mayor éxodo responde a las persistentes violaciones de los derechos humanos en países como Venezuela o el aumento de la violencia en Ecuador. Además, asegura en diálogo con France 24 que "este flujo migratorio es resultado de la falta de oportunidades suficientes para venezolanos o haitianos para regularizar su estatus en países como Chile, Ecuador, Perú y Brasil".
Además, recalca que el creciente número "parece ser consecuencia de políticas migratorias restrictivas que ha implementado EE. UU. en la región".
"La Administración Biden ha promovido restricciones de visados, limitaciones de movimiento de los migrantes que pretendían viajar de Suramérica a México para llegar a Estados Unidos, con lo cual ha empujado a muchas de estas personas a cruzar el Tapón del Darién porque no tienen otra vía para viajar hacia el norte", agrega.
El mayor flujo migratorio le otorgó una visibilidad a un cruce que desde hace años era crítico para las personas que se adentraban en él. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), alertaron sobre todos los tipos de violencia a los que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo. Unas que van desde los robos y extorsiones, hasta la presencia de grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo.
“Arriesgan sus vidas en esta selva donde están expuestos a abusos por parte de grupos criminales, incluyendo violencia sexual, y reciben poca protección o ayuda humanitaria”, asegura HRW, en un informe titulado ‘Este infierno es mi única opción’.
De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reportado que al menos 229 personas desaparecieron en el Darién entre enero de 2021 y septiembre de 2023. Sin embargo, la cifra de personas que han muerto en el camino podría ser aún mayor.
El texto también apunta a que es precisamente el Clan del Golfo el que “regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia”.
La ruta es especialmente peligrosa para los niños y las mujeres. Según HRW, en el pasado, la frontera era atravesada mayoritariamente por hombres adultos. Pero, desde 2019, el tránsito de mujeres y niñas ha aumentado. “Actualmente, están cruzando familias con menores, así como mujeres—algunas embarazadas y en periodo de lactancia—solas con sus hijos, y también niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados”.
Además, señala el documento, el 22% de quienes cruzaron el Darién entre enero y septiembre de 2023 fueron niños, niñas y adolescentes.
En el caso de las mujeres que cruzan el Darién, muchas han sufrido de violencia sexual. Desde 2021, la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas víctimas de abusos, la mayoría mujeres.
“Esta ruta les aleja (a los niños y mujeres) de los servicios más básicos y sobre todo de protección. Hay un nivel de violencia sexual muy alto que se ceba en las mujeres y en las niñas (...) Casi del 100%", asegura Luis Eguiliz, coordinador general de MSF para Colombia y Panamá, para France 24.
Tapachula: el calvario de pedir asilo en la frontera entre México y Guatemala
Más al norte, en Tapachula, el 2023 estuvo marcado por imágenes de multitudes de personas esperando a recibir un permiso de asilo. La ciudad en la frontera entre Guatemala y México conoció un repunte de llegadas de personas.
El sistema de asilo se vio desbordado y la angustia para los solicitantes fue constante. Tanto, que en septiembre un grupo de migrantes, mayoritariamente de nacionalidad haitiana, irrumpió en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Solo Tapachula recibió la mitad de solicitudes de asilo de México. Entre enero y agosto la ciudad recibió 54.000.
Sin embargo, la situación de dicha ciudad no fue la excepción de la regla. Según cifras de ACNUR, “un total de 136,934 personas solicitaron asilo en México en 2023 hasta el 30 de noviembre”.
Se trata de una cifra nunca antes vista y que supera por casi 8.000 personas al récord de 2021, de 129.000.
Más allá de los números, los solicitantes de asilo se encontraron con sistemas de acogida totalmente desbordados y tuvieron que esperar sus documentos en condiciones poco dignas.
Tal como afirma la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “este aumento ha provocado cuellos de botella y hacinamiento en los albergues de tránsito y puntos de asistencia, muchos de los cuales carecen tanto de condiciones óptimas de salubridad y atención, como de recursos suficientes para alimentar y apoyar a las personas que desesperadamente lo necesitan”.
La frontera entre EE. UU. y México: el cruce terrestre más peligroso del mundo
La OIM alertó sobre la peligrosidad de la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con datos de la agencia de migración de la ONU, publicados en septiembre, se trata de la más mortífera del mundo.
Según documentó el organismo, el año pasado hubo 686 muertes, unas cifras que, tal como en los otros puntos fronterizos, pueden ser mucho mayores. Las principales causas de las muertes tienen que ver con las pobres condiciones en las que se encuentran las personas que buscan llegar al norte del continente y que se enfrentan a condiciones climáticas como golpes de calor en verano e hipotermia en el invierno.
Pero además, las condiciones de los centros migratorios han sido fuertemente cuestionadas. Con sucesos tan trágicos como el incendio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas y que extendió las dudas sobre el trato de los migrantes en México.
Según cifras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicadas en octubre, solo este año 1,7 millones de personas llegaron a la frontera con Estados Unidos a través de México.
La expiración del Título 42: incertidumbre y nuevas regulaciones migratorias
En mayo de 2023 expiró el Título 42. Se trataba de una política antinmigración implementada durante la pandemia de Covid-19 por el expresidente estadounidense Donald Trump que restringía el derecho a solicitar asilo en la frontera entre los Estados Unidos y permitía la expulsión inmediata de personas sin documentos que buscaban entrar al país.
Después de una larga batalla legal, el Título 42 culminó y tuvo un efecto directo en los solicitantes de asilo. Los días previos a que este caducara, la llegada de personas a Estados Unidos por la frontera sur fue masiva. Muchos relataban la angustia que les producía un cambio de legislación.
Pocos días después, organizaciones y activistas alertaron sobre un incremento del 500% en la presencia de migrantes, refugiados y desplazados en México que buscaban resolver sus documentos para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Tras el Título 42, entró en vigor el Título 8. En el papel, la nueva regulación establece que pretende impulsar la migración regular. Sin embargo, en la práctica ha generado todo tipo de trabas y establece unos lineamientos que pocos migrantes pueden cumplir. Los extranjeros no son elegibles para asilo si no aplican en un país transitorio y deben solicitar una visa a través de una aplicación móvil si quieren entrar al país.
Además, la legislación buscaba establecer unos polémicos centros migratorios en naciones como Colombia o Guatemala en donde se pudieran generar los procesos de documentación de los migrantes.
Este nuevo reglamento prohibió a los migrantes expulsados regresar a EE. UU. durante cinco años. En los primeros tres días del Título 8, más de 2,500 personas fueron expulsadas.
El panorama en la frontera estadounidense fue de un leve descenso de los migrantes que buscaban entrar al país, que luego volvió a conocer un repunte, mientras que la zozobra persistió entre aquellos varados en el lado mexicano.
Miles de personas continuaron en tránsito en busca de una vida más digna, enfrentando desafíos burocráticos y normativas estrictas. A pesar de los cambios de regulaciones, los flujos migratorios siguieron aumentando, según advirtieron organismos como ACNUR.
El Mediterráneo Central: “Solo el mar sabe realmente cuánta gente ha muerto o desaparecido”
Del cruce terrestre más mortal, pasamos a la ruta marítima más mortífera y transitada del mundo: el Mediterráneo Central. Cada día, nueve personas mueren o desaparecen intentando alcanzar suelo europeo. Solo este año, al menos 2.678 personas han padecido en el mar, según el conteo que realiza la OIM con su proyecto “Missing Migrants”.
“Estas son cifras de la gente que sabemos, porque solo el fondo del mar sabe cuánta gente realmente ha desaparecido o muerto”, señala Anna Surinyach, fotodocumentalista y editora de revista '5W'. Las cifras documentadas apuntan a un aumento del 50% respecto al 2022.
Casi 12.000 eran menores de edad. En julio, UNICEF alertó que once menores mueren cada semana intentando cruzar esta peligrosa ruta. ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Pudieron sus familias hacer el duelo o fallecieron con ellos en las rutas? Son preguntas que ninguna institución europea podría responder.
“Falta un protocolo a nivel europeo en la búsqueda e identificación de las personas muertas o desaparecidas en estas rutas que deja a miles de familias en un limbo legal y sentimental absoluto”
“Falta un protocolo a nivel europeo en la búsqueda e identificación de las personas muertas o desaparecidas en estas rutas que deja a miles de familias en un limbo legal y sentimental absoluto”, explica Surinyach, añadiendo que dice legal “porque al ser víctimas que nadie reconoce, estas familias no reciben ninguna información ni certificado de defunción o desaparición. Eso significa que no pueden gestionar herencias, no pueden gestionar orfandad de los menores”.
En su último proyecto: Mar de Luto, la fotodocumentalista entrevistó a varias familias de estos migrantes desaparecidos o fallecidos: “El vacío sentimental es evidente. Son miles de familias que no pueden cerrar el luto”.
Siete meses después del naufragio de Pylos, sin justicia para las más de 600 víctimas
La imagen de un buque pesquero cargado con cientos de migrantes– no había un solo espacio entre las personas, hacinadas en la superficie– dio la vuelta al mundo; una vez que la nave desapareció.
Pasó hace más de siete meses. El barco se hundió a primera hora de la mañana del 14 de junio, matando a más de 600 personas frente a las costas griegas. Solo se hallaron 82 cuerpos, apenas 52 han sido identificados.
“La embarcación había zarpado de Libia cinco días antes con unos 750 migrantes y solicitantes de asilo a bordo —entre los que había niños y niñas—, procedentes en su mayoría de Siria, Pakistán y Egipto. Solo sobrevivieron 104 personas”, escribe en su informe Amnistía Internacional.
Hay nueve personas de origen egipcio detenidas, “pero todavía no se ha culpado a ninguna embarcación que estuvo en ese operativo de rescate”, dice Surinyach: “estuvimos hablando con supervivientes de ese naufragio poco después de que pasara y todos los testimonios coincidían en que en la actuación de la Guardia Costera griega tuvo algo que ver en el naufragio”.
Una vez más, la muerte tocó la puerta de territorio europeo, pero esta fue incapaz de atender el pedido de socorro de las organizaciones humanitarias ni de los migrantes, como tampoco es capaz de garantizar su seguridad en la ruta. “El naufragio de Pylos parece otro trágico ejemplo de la dejación por parte de las autoridades griegas de su responsabilidad de salvar vidas en el mar”, denunció Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia central.
El mar cierra el año con más muertos: “más de 60 personas mueren ahogadas al zozobrar una embarcación de migrantes frente a Libia”. Pasó el 13 de diciembre. “El ministro chipriota afirma que su país está a la cabeza de la UE en repatriaciones y que las llegadas de migrantes han descendido drásticamente”. “La policía griega detiene a 6 presuntos traficantes de migrantes y busca a otros 7 de la misma banda”, reza otro titular de este mes.
Un “histórico” pacto en la Unión Europea que socava el derecho al asilo
Desde la mal llamada “crisis de refugiados” de 2015, Europa enfatizó su política de externalización de sus fronteras: pagar a terceros países, puerta de salida de la migración como lo son Túnez, Libia o Marruecos, para que estos hagan de muro de contención del flujo de personas que quieren llegar a Europa; la criminalización de las embarcaciones de socorro de organizaciones humanitarias y un endurecimiento de las normativas para la solicitud de asilo en los países receptores.
Poco antes de terminar 2023, la Unión Europea cerró un nuevo pacto migratorio que endurece los requisitos de acogida a los migrantes y refugiados que lleguen a sus puertas. El mismo año que las desapariciones y muertes en el Mediterráneo Central se incrementaron, tras unos años de bajada.
Por primera vez, los países del bloque aceptaron la gestión de las llegadas a través de las polémicas cuotas de “solidaridad obligatoria, pero flexible”, ya que tiene un costo por persona si el país no cumple con su cuota.
Las organizaciones y activistas han criticado el “histórico” pacto, puesto que “supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional” para los solicitantes de asilo, dado que tendrían que someterse a controles obligatorios y podrían estar privados de libertad hasta que se los permita la entrada a un país.
CEAR, organización española de ayuda a los refugiados, mostró su preocupación por el mecanismo de “solidaridad a la carta” que se pretende implementar, “ya que no aliviará la presión migratoria que reciben los países fronterizos como España y que está en el origen de la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo”.
“Las instituciones UE han decidido restringir aún más los derechos humanos en materia migratoria y prácticamente liquidar el derecho de asilo. Este es su regalo de Navidad a los miles de personas que mueren ahogadas en el Mediterráneo cada año”, denunciaba la organización Open Arms.
Pakistán ya no es “hogar seguro” para los refugiados afganos; tampoco Afganistán
Hace poco más de dos años, los tradicionales y coloridos camiones afgano-paquistaníes sirvieron como vehículo para huir de los talibanes a miles de refugiados afganos. Después de la toma de Kabul, a mediados de agosto de 2021, muchos civiles se apresuraron a cruzar la frontera con el vecino Pakistán, donde residen casi 4 millones de afganos.
No todos pertenecen a ese último éxodo, algunos buscaron refugio en distintos periodos: en 1979, con la ocupación soviética; durante el control del país por parte de los talibanes en los noventa o en la guerra e invasión de Estados Unidos en 2003. El país vecino parecía un hogar seguro para ellos, hasta ahora.
Hoy, la imagen en los abarrotados pasos fronterizos es similar. El camino, sin embargo, es a la inversa. Aquellos que hace dos años escaparon del terror de un nuevo Gobierno de los islamistas talibanes, ahora huyen de las amenazas y persecuciones de las autoridades paquistaníes.
“Las autoridades solo nos dieron dos horas para abandonar el país, así que empaquetamos nuestras pertenencias en el camión y nos fuimos lo más rápido posible”, relataba Ajmal desde el paso de Torkham.
Siguiendo la tendencia de la política global de reprimir, perseguir y expulsar a las múltiples poblaciones en tránsito o en el exilio, Pakistán inició el pasado 1 de noviembre la primera –de las tres fases- de su campaña para la expulsión de miles de migrantes bajo el “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”, anunciado a inicios de octubre. Una medida que afecta a 1,7 millones de afganos residentes en Pakistán.
La nueva normativa tiene en su mira a la población afgana indocumentada que, ante el temor a sufrir represalias o luego de ser perseguidos por la Policía paquistaní, que está llevando a cabo redadas, demoliciones y persecuciones en barrios de mayoría afgana en Islamabad y otras ciudades, empacaron algunas pertenencias y se dirigieron a los puntos fronterizos para retornar a Afganistán.
La mayoría de los más de 480.000 afganos que ya han cruzado la frontera no contaban con documentos legales, a muchos otros no les habían renovado sus permisos –Pakistán dejó de actualizar las tarjetas de Prueba de Registro (PoR) en junio– y otros, simplemente esperaban los trámites burocráticos para ser acogidos por terceros países.
“Las autoridades paquistaníes han creado un entorno coercitivo para los afganos con el fin de obligarles a regresar a las condiciones que ponen en peligro sus vidas en Afganistán", denunció Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch (HRW).
Por su parte, las autoridades paquistaníes –como tantos otros Gobiernos– justifican la decisión acusando a la población afgana de formar parte de grupos criminales, llevar a cabo actividades “anti-estatales” o terrorismo; atajando la migración como un problema de seguridad nacional. Islamabad atribuye el aumento de los atentados perpetrados por el Teherik-e-Taliban Pakistan o los talibanes paquistaníes a la llegada de refugiados afganos que poco tienen que ver con los islamistas radicales.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que el 92% de los retornados habían denunciado que salieron de Pakistán por temor a ser detenidos, muchos después de ser sobornados, confiscados y acosados por la policía paquistaní. HRW denunció que algunas mujeres y niñas habían sufrido amenazas de agresiones sexuales por parte de los uniformados.
Afganistán, una nación inmersa en una profunda crisis humanitaria
Unas expulsiones forzosas que han suscitado críticas entre los organismos humanitarios, pero cuyas denuncias han quedado empañadas debido a la guerra en curso de Israel en la Franja de Gaza. Además, va en contra de la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe este tipo de devoluciones forzosas, pero Islamabad nunca ratificó dicha obligación, pero sí firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
“Estas deportaciones violan las obligaciones de Pakistán como parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y el principio de no devolución del derecho internacional consuetudinario: no devolver a la fuerza a personas a países donde enfrentan un riesgo claro de tortura u otro tipo de persecución”, explica un comunicado de HRW.
A esto se suma el hecho de que Afganistán está inmerso en una profunda crisis humanitaria, con la mitad de su población en necesidad de asistencia humanitaria para sobrevivir. Pero las oenegés internacionales y locales tienen prácticamente impedido el paso a la nación liderada por los talibanes, por lo que apenas pueden brindarles suficiente ayuda humanitaria a estos retornados una vez salen de Pakistán.
La ONU también ha pedido al Gobierno paquistaní que revoque su decisión. “Queremos advertir al Gobierno de Pakistán que el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2023, no incluye disposiciones para la evaluación individual de los daños y riesgos irreparables que pueden enfrentar los nacionales afganos que se ven obligados a hacerlo. regresar a Afganistán”, señaló recientemente la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué pasa para las mujeres y niñas afganas obligadas a retornar?
Las organizaciones de derechos humanos alarman del alto riesgo que corren en especial las mujeres y niñas que están regresando forzosamente a Afganistán, puesto que el Gobierno talibán mantiene su campaña de persecución y violaciones de todos los derechos de las mujeres. “Mi vida ya está arruinada, pero me preocupa el futuro de mi hija, qué vida tendrá si no puede ir a la escuela”, apuntaba Sayeeda, refugiada afgana a ONU Mujeres.
Se estima que el 80% de las personas expulsadas son mujeres y menores de edad. “Las mujeres y niñas deportadas a Afganistán corren el riesgo de ser sometidas a matrimonio infantil y forzado, trata de personas y negación de sus derechos a la educación, al trabajo, a la libertad de movimiento y a la igual protección de la ley”, denuncia ONU Mujeres.
Las mujeres y niñas deportadas a Afganistán corren el riesgo de ser sometidas a matrimonio infantil y forzado, trata de personas y negación de sus derechos a la educación, al trabajo, a la libertad de movimiento y a la igual protección de la ley
La guerra de los talibanes con las mujeres es una de las máximas preocupaciones de los organismos humanitarios, que creen que se agravará especialmente contra estas poblaciones retornadas, conformada también por mujeres que nacieron y se criaron en Pakistán y que van a perder derechos básicos como la educación, al trabajo, la libertad de salir de sus hogares solas, de casarse o de vestirse libremente sin respetar el código de vestimenta islámico impuesto por los talibanes.
Sumado a todo esto, el Crisis Group también advierte de que la migración desde Afganistán podría crecer “exponencialmente, generando preocupación en Europa y a lo largo de la ruta migratoria en países como Irán y Turquía”, debido a que estos retornados forzosamente tendrán muchas dificultades para adaptarse a un país en crisis como Afganistán y muchos tratarán de escapar nuevamente.
