Asesinato de Fernando Villavicencio: cómo pasó Ecuador de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina
- Redacción *
- BBC News Mundo
El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles después de un mitin político.
Ecuador es "uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína".
Así definió el portal especializado InsightCrime al país sudamericano en su reporte anual de 2023, publicado en marzo.
El asesinato el miércoles del candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un acto de campaña en el centro de Quito volvió a poner de relieve la situación de inseguridad y violencia en la que se encuentra inmerso el país, que el próximo 20 de agosto celebra elecciones anticipadas.
La policía anunció este jueves la detención de 6 sospechosos, todos ellos de nacionalidad colombiana. El mismo día del ataque, otro de los presuntos sicarios murió tras un cruce de balas con las fuerzas de seguridad.
Se desconocen todavía los motivos detrás de este crimen, pero se sabe que uno de los puntos centrales del programa de Villavicencio era la seguridad y el combate al narcotráfico.
Final de Recomendamos
Y es que con menos de la mitad de la población de Colombia y un territorio cuatro veces menor, Ecuador ha pasado en los últimos años de ser un país "de tránsito" de la droga a uno en el que esta se almacena, se procesa y se distribuye.
Las incautaciones de droga en el país batieron un récord histórico en la primera mitad de 2023.
El Departamento de Estado de EE.UU. calculó en 2019 que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por su vecino del sur antes de dirigirse a Norteamérica y Europa.
Y, aunque no hay estimaciones más recientes, se cree que en los últimos años el protagonismo de Ecuador (también fronterizo con otro gran productor, Perú) en el mercado internacional de esta droga se ha reforzado.
Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de droga —principalmente cocaína— decomisada, en el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios y, sobre todo, en el aumento exponencial de la violencia.
Esta última se ha hecho muy visible en las cárceles, que han sido escenario de una serie de masacres con más de 450 muertos desde 2020.
Familiares de presos afuera del penal Número 1 en Guayaquil tras un motín en 2021 con más de 100 muertos.
Las cada vez más fuertes bandas criminales, entre ellas los Lobos, los Choneros o los Tiguerones, tienen fuertes vínculos con los carteles del narcotráfico y las mafias internacionales y se disputan el control territorial tanto dentro como fuera de la cárcel.
Esto ha desencadenado una ola de violencia sin precedentes que convierte a Ecuador en el país de América Latina donde más han aumentado la inseguridad y el crimen en los últimos años.
Más decomisos
Tanto la producción como el consumo de cocaína en el mundo han ido en aumento en los últimos años.
"La oferta mundial está en niveles récord", reflejó el Informe Mundial sobre Cocaína 2023 de la ONU.
Este señaló que entre 2020 y 2021 el cultivo de coca se disparó un 35%, récord histórico y el mayor crecimiento interanual desde 2016, favorecido por un aumento de la demanda en todo el mundo.
Esto engrosó las rutas que pasan por Ecuador, país limítrofe con los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se produce más de un tercio de la cocaína de Colombia.
Uno de los datos que muestran esta realidad es el aumento de las incautaciones por parte del servicio ecuatoriano de antinarcóticos.
Sus agentes decomisaron más de 122 toneladas de estupefacientes -principalmente cocaína- entre enero y julio de este año, superando el récord para ese período de 98 toneladas en 2021.
Ecuador está decomisando este año más cocaína que nunca antes.
Ecuador "es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta", indicó a BBC Mundo en 2021 Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor).
Los expertos consultados por BBC Mundo señalan varios factores que explican cómo Ecuador escaló desde ese país de tránsito a tener un mayor protagonismo en las redes de narcotráfico de América Latina.
El "efecto globo"
La fumigación y erradicación de cultivos ilícitos llevadas a cabo por las autoridades colombianas tuvieron como resultado una "transfronterización" de los mismos, sobre todo a partir de los primeros años 2000.
Es lo que se conoce como "efecto globo", según el cual cuando se reprime la producción de drogas en una región, esta aumenta en otras.
Un helicóptero sobrevuela cultivos de coca en el departamento de Nariño, Colombia.
Por ese efecto, "las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en Colombia obligaron a trasladar gran parte de la infraestructura del crimen organizado hacia otros países, como Venezuela, desde donde sale cerca del 50% de la droga de Colombia, Ecuador, por donde sale el 37,5%, y Brasil, por donde sale cerca del 12,5%", explicó el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y analista en seguridad y defensa, en octubre de 2021.
Dos rutas del narcotráfico atraviesan Ecuador desde Colombia.
Una es la del Pacífico, donde la droga ingresa por la provincia de Esmeraldas hasta los puertos del país, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas.
Y la otra es la ruta amazónica, a través de la cual la droga entra por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región.
"Ese tipo de acciones lo único que han hecho es trasladar una parte de ese holding delictivo hacia otros países con mejores características para que el negocio pueda seguir floreciendo", indicó Pazmiño.
En 2017 Naciones Unidas alertó de que el 35% de los cultivos ilícitos colombianos estaban a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador.
Para el general Pazmiño, el papel de Ecuador en términos de cultivo "no es relevante" si se compara con lo que se produce en su vecino del norte.
"La mayoría del cultivo se realiza en Colombia. Aquí hay unas pequeñas cantidades, pero son mínimas con relación a lo que se produce en el lado colombiano".
Soldados ecuatorianos inspeccionan un laboratorio cerca de la frontera con Colombia en 2008.
Desde Antinarcóticos coinciden: "las plantaciones acá realmente no existen, somos un país de tránsito y acopio de drogas".
Pero lo que sí ha aumentado en Ecuador es el número de laboratorios de procesamiento, sobre todo cercanos a los enclaves productivos de cocaína del sur de Colombia, Nariño y Putumayo.
"Allá (en Colombia) se cultiva y se comienza a macerar esa droga. Posteriormente se lo pasa a los laboratorios y cristalizaderos que están ya en territorio ecuatoriano y luego a los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución para la salida al exterior", explicó Pazmiño.
En julio se desmantelaron cerca de la frontera con Colombia dos de estos laboratorios, que se suman a otros cuatro en Ecuador en los 12 meses anteriores.
Todo este contexto atrae a carteles y grupos criminales extranjeros, una tendencia que se ha visto reforzada por otros hechos tanto internos como externos.
El cierre de la base de Manta
Este desplazamiento del "holding delictivo" se vio favorecido por un hecho que algunos analistas consideran fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en 2009.
Desde dicha base se rastreaban aeronaves utilizadas por narcotraficantes.
Su cierre fue una promesa electoral del expresidente Rafael Correa (2007-17), quien, al llegar al poder, anunció que no se renovaría el contrato para su utilización, bajo el argumento de que la base violaba la soberanía de Ecuador.
La prohibición de la presencia de bases extranjeras en el país se incluyó en la Constitución aprobada en 2008.
Los militares estadounidenses abandonaron la base de Manta en 2009.
Como resultado de su cierre, según un informe de InsightCrime, "la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se redujo al mínimo".
"Fue un punto importante de inflexión a partir del cual se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional", puntualizó Pazmiño.
"Es fundamental, porque ejercía un control de las narcoavionetas que ingresaban al espacio aéreo ecuatoriano y también sobre las lanchas rápidas que salían a abastecer a las embarcaciones en alta mar".
Helicóptero estadounidense vigila una embarcación ecuatoriana sospechosa en 2013.
Por su parte, Renato Rivera consideró que esa decisión tuvo una "connotación mucho más política, al estar vinculada a las relaciones con EE.UU., que de impacto en la seguridad interna o en el combate al narcotráfico que se hace desde el Estado".
"La base de Manta tenía un rol de avanzada. Se hacía un monitoreo de vigilancia aérea. Pero tras su cierre no hubo un impacto en términos de aumento de homicidios ni en la caída de la cantidad de droga incautada", sentenció.
La desmovilización de las FARC
En septiembre de 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano.
Las FARC controlaban las cadenas de producción y distribución de la cocaína. Su desmovilización generó cambios estructurales en el tráfico de la droga no solo en Colombia sino también en Ecuador, que pasó a tener mucho más protagonismo en el esquema del narcotráfico, según Renato Rivera.
Hubo grupos disidentes dentro de las FARC que se desvincularon del acuerdo de paz.
"Esos grupos ya no siguen necesariamente la doctrina de las FARC y esto lleva a una especie de descentralización del negocio del narcotráfico", afirmó Rivera.
Rivera indicó que estos grupos, que se mantienen especialmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, se alían con los carteles mexicanos y otras organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes occidentales, que llegan a la zona.
Campamento de desmovilización de las FARC.
Es una realidad que incluyó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) en su reporte de 2021.
El texto señaló que "en los últimos años, varios otros grupos europeos han surgido como actores importantes en el envío de cantidades significativas de cocaína a Europa, también estableciendo presencia y contactos propios en América Latina".
"Hasta cierto punto, esto puede haber sido facilitado por un panorama criminal cada vez más fragmentado en Colombia a raíz de la desmovilización de las FARC-EP", proseguía.
"La proliferación de grupos delictivos no estatales, armados y más pequeños, la ausencia de organizaciones monolíticas que controlan las diversas etapas de la cadena de fabricación y tráfico de cocaína y la mayor compartimentación de estas actividades pueden haber generado nuevas alianzas y cadenas de suministro".
El informe se refería a grupos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia.
Así, la participación de múltiples organizaciones criminales de diversos países crea una especie de disputa territorial y un aumento de la violencia en Ecuador, según los expertos.
Entre esas organizaciones también destacan dos carteles mexicanos: el de Sinaloa, que se cree empezó a operar en Ecuador aproximadamente en 2003 con el envío de emisarios y un perfil bajo, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"En 2016 empezamos a tener las primeras alertas de que el CJNG está entrando con fuerza en Ecuador. Y empieza a tejer alianzas con los grupos colombianos disidentes de las FARC, y empiezan a disputarle los territorios al cartel de Sinaloa, pero de una manera discreta, sin exposiciones ni guerras abiertas", explicó el periodista ecuatoriano Arturo Torres, especializado en el tema del narcotráfico en la nación andina.
"En México ocurre lo mismo: el CJNG empieza a disputarle ya de una manera más violenta al cartel de Sinaloa y a Los Zetas el protagonismo. Y ahora mismo Ecuador se convierte en un espejo de lo que ocurre en México", aseguró.
Lucha por el territorio y aumento de la violencia
Ecuador está sufriendo un estallido de violencia sin precedentes, con un peligroso aumento de los homicidios año tras año.
InsightCrime destaca como puntos críticos de violencia a ciudades como Esmeraldas y Guayaquil, donde las pandillas cometen frecuentes asesinatos.
En los puertos de Guayaquil, según Antinarcóticos, se producen más del 80% de las incautaciones de droga en Ecuador.
Uno de los escenarios de violencia son las cárceles, cuyo control genera guerras entre distintas bandas delictivas ecuatorianas.
Las bandas delictivas en Ecuador se pelean también por el control de las cárceles.
"Este control territorial se va aplicando en las cárceles porque se necesita dominar los espacios y reducir la capacidad operativa de la otra banda", explicó Pazmiño.
"Por eso son los enfrentamientos, los ajusticiamientos que se dan en las cárceles y que también se replican fuera, en las ciudades, justamente por donde pasa la mayor cantidad de las rutas hacia los centros de acopio", indicó.
Los vínculos con el narco mexicano
InsightCrime explica que los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.
Según los expertos, en Ecuador hay varias organizaciones locales trabajando con los carteles mexicanos.
Entre ellas están los Choneros, que han cooperado históricamente con el cartel de Sinaloa; y los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones con el CJNG.
El aumento de la demanda de cocaína mundial ha impactado en Ecuador.
Para Arturo Torres, más que en la lucha directa entre esas el cartel de Sinaloa y el CJNG, la clave está en el menudeo de drogas.
"Donde realmente hay una confrontación es con las bandas (locales) por el microtráfico", declaró.
"Tienes en un escalón superior a los carteles que operan a través de delegados que mandan acá, no solamente los mexicanos, también los europeos. Pero ellos no se pelean, no se confrontan, porque ellos básicamente hacen negocio".
Según el periodista, los grandes carteles lo que hacen es pagar por sus servicios a estas bandas con cocaína, que estas venden para obtener dinero.
"Las bandas son las que se disputan el microtráfico y por eso es que esa disputa va a ese nivel, la del territorio y la venta a nivel local".
Corrupción
Según el informe del Departamento de Estado estadounidense, la corrupción relacionada con las drogas es "un problema dentro de las fuerzas de seguridad pública en Ecuador".
Soldados resguardan el penal Número 1 de Guayaquil.
Para Arturo Torres, la corrupción en el país "se agravó mucho más con todo el dinero que genera el narcotráfico, que corrompe no solamente el sistema judicial, el sistema penitenciario, sino a la policía y el ejército".
"Tiene un poder descomunal", agregó.
Aseguró que "la corrupción ha permeado a todos los estamentos del Estado y por eso se llega a entender el poder que llegan a tener las bandas de introducir (en las cárceles) fusiles, armamento pesado, granadas". "
"Eso solamente se entiende en un sistema corrompido", sentenció.
Precisamente, la lucha contra la corrupción era otra de las bases del programa del candidato asesinado, Fernando Villavicencio.
Ecuador: Un candidato asesinado en la papeleta electoral
El 10 de agosto, en Ecuador, es el Día de la Independencia. Pero esta vez no hay celebraciones, sino duelo. La jornada encuentra al país enlutado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, atribuido por el presidente Guillermo Lasso al crimen organizado. Un hecho que sacude a la nación a 10 días de los comicios anticipados, convocados en el marco del mecanismo de "muerte cruzada” que utilizó el mandatario para evitar un proceso de destitución.
"Es un golpe muy duro a una institucionalidad democrática tremendamente frágil, tremendamente complicada desde hace mucho tiempo atrás”, dice a DW Alberto Acosta, economista, quien presidió la Asamblea Constituyente en 2007-2008. Explica que, desde una perspectiva legal, esto no puede detener las elecciones: "No se puede suspender o postergar el proceso electoral. El partido que ha perdido uno de los miembros del binomio, tiene que sustituirlo. En las papeletas aparecerá a cara del asesinado candidato Fernando Villavicencio”.
Impacto electoral
Pero, indudablemente, lo ocurrido tendrá impacto en la votación. "Habrá personas que darán su voto a Villavicencio muerto, en señal de respaldo al candidato. Incluso hay quienes piensan que Villavicencio podría ganar la elección estando muerto”, dice Acosta, relatando lo que ve circular por las redes sociales. "De cualquier manera, el proceso electoral tiene ahora una faceta completamente nueva, y va a ser muy difícil anticipar cuál va a ser esa evolución”, agrega, recordando que ya se cerró la fecha para presentar encuestas.
El asesinato de Fernando Villavicencio no es un hecho aislado en la espiral de violencia que vive Ecuador. Así lo hace notar Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, puntualizando, eso sí, que es la primera vez que se produce un hecho a tan alto nivel. "No solo se reconfigurará el panorama electoral en cuanto a los votos por parte de la ciudadanía, sino que viene a generar más discusión y debate respecto de esa primera preocupación identificada por los ecuatorianos que es la inseguridad”.
Violencia criminal
Este crimen pone el dedo en la llaga. "No olvidemos que Fernando Villavicencio, pocos días antes, y hasta ese mismo día en la mañana, había dicho que iba a denunciar vínculos, inclusive de la fuerza pública y de la Policía Nacional, con grupos del narcotráfico”, indica Acosta. Y Alarcón subraya: "Que estemos en un proceso electoral en el que el Estado y sus instituciones no son capaces de garantizar ni siquiera la seguridad de los candidatos a la presidencia de la República, cuyo nivel identificado de riesgo es alto y que están siendo objeto de protecciones especiales, es terrible. Estamos hablando de que aquí ya no tenemos una democracia plena, no tenemos una democracia con todos sus pilares efectivamente garantizados”.
No obstante, Carla Álvarez, doctora en ciencias sociales y especialista en seguridad, sostiene que la celebración de estas elecciones no solo es posible, sino deseable. Por varias razones: "Una de ellas es que el presidente actual ha demostrado una grave incapacidad para reducir y contener la violencia, y hemos legado a un punto donde los indicadores de violencia e inseguridad son los más alarmantes que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Esta incapacidad está reflejada en la ausencia de respaldo por parte de la ciudadanía, puesto que el presidente solo tiene un 13 por ciento de aceptación”. Considera, por tanto, que los comicios permitirían una salida pacífica y democrática a la situación.
Democracia amenazada
La violencia afecta a la democracia de múltiples maneras, además de atemorizar a la ciudadanía. "Hay un desgaste de la credibilidad de las autoridades. Pero, por otra parte, esta violencia y esta criminalidad lo que hacen es impulsar la toma decisiones que tienden a atentar contra los derechos humanos o contra las libertades esenciales de los y las ciudadanas”, advierte Carla Álvarez. Y menciona las restricciones que conlleva el estado de excepción aplicado tras el asesinato de Villavicencio.
Acosta va incluso más allá, al advertir los peligros que acechan: "Hay un grupo de la población que cree que la respuesta es mano dura, que es autoritarismo, incluso están clamando por una intervención de las fuerzas armadas. Una vía dictatorial sería la peor alternativa para Ecuador”.
El resultado de los comicios, en todo caso, es difícil de prever. Y las perspectivas a mediano plazo no parecen muy alentadoras para el próximo gobierno que emerja de las urnas, con el mandato de terminar el período presidencial que inició Lasso. "El panorama es duro y desolador. ¿Qué se va a poder hacer en un año y medio? ¿Qué se va a poder hacer en las condiciones en las que pueda llegar un gobierno sin mayoría en la Asamblea Nacional, con limitaciones presupuestarias?, plantea Mauricio Alarcón. "No quiero sonar a pesimista, prefiero sonar a realista y esperar que haya una propuesta sensata en beneficio del país”.
"Ecuador es centro de la violencia en el mundo andino"
Conmoción y duelo en Ecuador tras el asesinato de Fernando Villavicencio, antiguo azote del expresidente Correa y candidato electoral comprometido contra la corrupción y la situación de violencia que arrecia en el país andino. Queda así manchada de sangre la campaña electoral previa a los comicios del 20 de agosto de 2023, una campaña que ya venía polarizada por partidarios y opositores al correísmo y marcada por las propuestas de los candidatos para combatir la rampante violencia.
Encuestas pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, por detrás de Luisa González, la candidata afín a Rafael Correa(otros sondeos lo ubicaban en puestos más abajo). Con este asesinato, la crisis de seguridad en el país adquiere una magnitud hasta ahora desconocida: "Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México", dice a Deutsche Welle Constantin Groll, director de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert (cercana a la socialdemocracia alemana) en Ecuador. "Hay muchos indicios de que estamos reviviendo la historia mexicana de los 2000, con el gran auge de los carteles mexicanos, ojalá se puedan aprender lecciones de aquel caso", agrega Groll.
"Un nuevo nivel de escalada de la violencia"
La crisis se ha agudizado tanto en los últimos meses, que no anticipaba nada bueno para la campaña electoral: asesinatos de políticos, masacres carcelarias, violencia del crimen organizado, narcotráfico: "Estamos sumidos en una crisis de seguridad, económica y social muy profunda. Hay secuestros, extorsiones a negocios y también a empresas, universidades públicas, centros médicos…", enumera Groll, quien agrega que "cada vez hay más voces de expertos que indican que hay vínculos entre el Estado y el crimen organizado".
La grave situación, que antes se daba sobre todo en la zona de costa, donde el narcotráfico puede dar salida a su mercancía a través de los puertos, ha llegado ahora a Quito, el corazón del país. "Estamos todos en shock por el asesinato de Villavicencio", dice a Deutsche Welle Johannes Hügel, representante de la Fundación Konrad Adenauer (cercana al partido democristiano alemán CDU) en Ecuador. "La tragedia sucedió a pocos metros de nuestra oficina en Quito y estamos todos muy tristes por lo que está pasando en el país", explica Hügel. "Lo sucedido es un nuevo nivel de escalada de la violencia".
Campaña marcada por el asesinato de Villacencio
La campaña electoral sigue su curso y la fecha de los comicios se mantiene, pero el país estará los próximos 60 días bajo el estado de excepción, decretado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La medida permite el patrullaje de militares en las calles para garantizar el proceso electoral.
Si el combate a la violencia ya era tema predominante antes del asesinato de Villavicencio, es de imaginar que, a partir de ahora, se convierta en asunto clave. Pero ¿cómo cambia el asesinato de Villavicencio el panorama? "La atmósfera es tensa y violenta, hay cada vez más desesperanza en el pueblo ecuatoriano", explica Johannes Hügel.
"Una parte teme que vuelva aquel correísmo que no respetaba valores democráticos. Ahora el electorado podría optar por un candidato como Jan Topic, que se ha mostrado como una especie de Rambo -él mismo ha publicado fotos con un rifle-, que quiere combatir el narcotráfico. El asesinato de Villavicencio podría dar un empuje a su campaña", agrega Hügel.
Constantin Groll, por su parte, espera que el magnicidio no sea utilizado con objetivos políticos: "El asesinato debe suponer un punto de inflexión para cambiar el debate público, en vez de buscar siempre fines políticos personales o partidistas. No sé si será posible, porque la polarización es bastante fuerte", afirma.
"No más promesas irreales"
"Lo que Ecuador necesita ahora es una fuerte institucionalidad", prosigue, por su parte, Johannes Hügel, de la KAS. "Los candidatos deben dar propuestas concretas y realistas, no hacer promesas irreales, como ha sucedido antes, promesas que ningún gobierno ha sido capaz de cumplir. Es importante que se vuelva a un realismo claro de qué es lo que se tiene que hacer a largo plazo para que se dé una nueva estabilidad, también en lo social, para que se dé una justicia social verdadera, un intercambio entre diferentes grupos políticos para trabajar por el país y no en favor de grupos de interés".
A nivel internacional, se observa con estupor el asesinato de Villavicencio. Hügel recalca que es importante no dejar a Ecuador solo en esta situación extrema, y que la comunidad internacional, debe trabajar de forma conjunta con los actores de la cooperación para el desarrollo y los de la sociedad ecuatoriana por el futuro del país. (elm)
¿Qué hay detrás del auge de la violencia en Ecuador?
En Ecuador, en tan sólo siete años, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes se multiplicó por cinco. En algunas regiones, analistas consideran que se está viviendo un “segundo confinamiento”, pues los altos niveles de violencia limitan actividades como el trabajo o la educación. El poder creciente del narcotráfico y la ausencia de medidas del Estado son dos de los factores que explican este auge de la violencia.
Primera modificación:
Entre gritos de horror y aturdimiento, los ecuatorianos fueron testigos del tercer asesinato a un actor político en menos de un mes. Tras el magnicidio de Fernando Villavicencio, el llamado de la sociedad a acabar con la violencia se intensifica. Sobre todo, se exige una respuesta del Estado y de las fuerzas del orden, para impedir que los más recientes crímenes queden en la impunidad.
El asesinato del candidato a la Asamblea, Rider Sánchez, el 17 de julio; del alcalde de Manta, Agustín Itriago, el 23 de julio; y del candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, son algunas de las manifestaciones más recientes de la violencia creciente en el país. A diario, su principal víctima es la población civil.
En la primera mitad del año, la Policía registró 3.500 asesinatos. Casi la mitad de estos, 1.390, se registraron en la ciudad costera de Guayaquil, anteriormente apodada como la ‘perla del Pacífico’ y ahora es considerada como la 'capital del crimen' en el país, según un análisis de Crisis Group. Las autoridades explican la violencia por el gran crecimiento del crimen organizado vinculado con el narcotráfico.
Los tipos de delitos se han diversificado. Aparte de muertes violentas, la población se enfrenta a extorsiones, secuestros, y atentados con explosivos como los carros bomba. “Es una serie de delitos que antes no eran comunes en nuestro país”, explica la socióloga experta en análisis de la opinión pública, Paulina Recalde. “Este tipo de eventos sube en intensidad, se concentra en un período de tiempo más corto, llega a lugares del país dónde antes eso no sucedía”, afirma para France 24, haciendo alusión al asesinato de Fernando Villavicencio en la capital misma del país.
El 60% de la población considera que el principal problema del país es la inseguridad. El año pasado, sólo lo pensaba el 22%. Es un salto enorme, la seguridad ocupa toda la preocupación de la población, señala la analista.
Las cárceles se han convertido en centros de la violencia. Los motines muchas veces derivan en masacres, siendo la más reciente la del 25 de julio en la principal cárcel de Guayaquil, en la que murieron 31 reclusos. Las autoridades adjudicaron el origen de la violencia a confrontaciones entre grupos criminales opuestos dentro de la misma prisión. Recalde detalla que incluso tras su muerte, “los privados de libertad siguen en condiciones muy graves, difícilmente se identifican sus nombres ni se entregan sus cuerpos a sus familiares”.
Analistas y grupos internacionales de derechos humanos critican, en paralelo, la débil respuesta del Estado. También señalan casos de corrupción dentro de las fuerzas del orden, factor que explicaría el ingreso de municiones a las cárceles.
Sin embargo, en el 2015, el centro de investigación InSight Crime publicaba un artículo titulado: ‘De cómo Ecuador está disminuyendo su tasa de homicidios’. El país se había puesto como objetivo pasar de una tasa de 15 a cinco homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2017. Pero en 2022, la tasa fue de 25, la más alta registrada en el país en los últimos años. ¿Qué explica el giro a la violencia?
Ecuador, un centro de las redes de narcotráfico
Según datos de la Policía, en marzo de 2022, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales, que buscan obtener el “control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína”, analiza Crisis Group.
La violencia provocada por el narcotráfico en Ecuador se teje en el marco de redes criminales transnacionales. Algunas de las principales bandas de narcotráfico son Los Choneros, Los Lobos, y Tiguerones. Los Choneros, el grupo que amenazó a Fernando Villavicencio y que opera principalmente en Manta, ciudad de la que era alcalde Agustín Intriago, trabaja para el Cartel de Sinaloa. Mientras que los otros grupos lo hacen para el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Ecuador ya era un espacio de tránsito para los narcotraficantes, pero en los últimos años se convirtió en un centro de acción. En parte, debido a cambios en las leyes en Colombia. Reuters explica que, en Ecuador, las leyes eran menos estrictas. En agosto del año pasado, la Policía incautó alrededor de 3,5 toneladas de cocaína, saliendo del puerto de Guayaquil en contenedores de bananas destinadas a Europa.
Crisis Group explica que la dolarización de la economía ecuatoriana facilita el lavado de dinero, otro factor atractivo para los narcotraficantes.
Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, denunció en una entrevista a France 24 que la economía criminal estaba infiltrando la economía ecuatoriana. "Sabemos que son 5.400 millones de dólares lo que manejan actualmente las economías criminales, y de lo cual cerca de 2.100 millones se lavan en la economía ecuatoriana", detalló.
Crisis Group recapitula: "La reconfiguración de las cadenas transfronterizas de suministro de drogas y una serie de fallas institucionales, en particular en el sistema penitenciario, han convertido a Ecuador en un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de activos por parte de grupos criminales".
Las cárceles, focos de la violencia armada
La población carcelaria pasó de 11.000 en 2009, a 40.000 en 2021, según datos recopilados por el medio local ‘Primicias’, y el 27% de los hombres estarían encarcelados por venta o posesión de drogas.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que, en las cárceles, personas arrestadas por delitos menores son altamente vulnerables a reclutamientos forzosos para el crimen organizado.
“Muchos detenidos, incluso aquellos en prisión preventiva o condenados por delitos menores, son obligados a trabajar con organizaciones criminales para preservar su integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama e insumos de salud”, denunciaba Human Rights Watch en un informe de julio de 2022.
Se estima que desde el 2020, casi 500 personas han muerto violentamente en las cárceles del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció “niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, [que responden] al abandono estatal del sistema penitenciario”.
Precisamente para aportar una respuesta a la crisis carcelaria, el presidente Guillermo Lasso creó una comisión especial para investigar la situación. El grupo de expertos concluyó que el 10% de los funcionarios del sistema penitenciario se beneficiaba de pagos mensuales por parte del crimen organizado.
“En el caso ecuatoriano, las cosas se han ido de las manos por la corrupción, por el nivel de injusticia que vivimos. Es injusticia institucionalizada”, declara Santiago Argüello, experto en criminología y derechos humanos. “La injusticia incide en la violencia que ocurre dentro de las cárceles”, afirma para France 24.
Por su parte, Recalde agrega que, en los últimos años, el sistema penitenciario se había salido de las manos del control civil. Es decir, había pasado de estar bajo el control de instituciones del Estado —de civiles en el poder público— a ser administrado por la Policía. Además, aclara que en los estallidos de violencia en las cárceles se han encontrado armas muy sofisticadas, y cuestiona la manera en que las municiones continúan llegando a las manos de los reclusos.
Las criticadas respuestas del Estado
El Gobierno de Guillermo Lasso ha declarado varios estados de emergencia en los últimos dos años. Medidas como patrullas militares en las calles y toques de queda se aplican con la intención de manejar los puntos álgidos de la crisis de seguridad. En abril de 2023, el presidente dio a conocer que había modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas para la autodefensa, una decisión que fue fuertemente criticada. Sin embargo, luego el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, afirmó que el porte seguiría sujeto a los estrictos controles y requisitos que existían previamente.
Andrade Quevedo critica, principalmente, la falta de inversión en seguridad por parte del Estado. "Ha habido puntos de quiebre, pero pese a ello no ha habido un cambio de rumbo, un cambio de prioridades presupuestarias, una inversión en seguridad: estamos a la deriva como país", asegura.
La secretaria de Seguridad de Quito explica que, en 2022, del presupuesto de 200 millones de dólares destinado a seguridad, sólo se ejecutó un 30%. De los 30 millones destinados específicamente al manejo de las cárceles, sólo se hizo uso del 21,8%. “La Policía está esperando algo tan básico como chalecos antibalas”, asegura.
El Gobierno ecuatoriano no ha privilegiado la inversión en la sociedad, frente a medidas para reducir el gasto público y saldar deudas con acreedores internacionales, coinciden en su análisis Crisis Group, Andrade Quevedo y Recalde.
Se trata, según explican, de unos eventos en cadena: la ausencia del Estado y la falta de protección social de la población la ponen en una situación de alta vulnerabilidad frente a las bandas del crimen organizado. Argüello y Andrade suman la crítica de la falta de inversión en investigación sobre la criminalidad: una medida que contribuiría al diseño de políticas públicas adaptadas a combatirla.
De cara a las próximas elecciones, impera un sentimiento de inseguridad. Se teme que no se garantice la vida de los candidatos y la incertidumbre es latente, ya que la ciudadanía deberá "concurrir a las urnas el 20 de agosto cuando se vive tal nivel de terror en el país", sentencia Recalde.
Por otro lado, existen demandas compartidas por la población para los candidatos hacia la carrera presidencial: que se avance en las investigaciones de los asesinatos, en los casos de corrupción y en vínculos del Estado con el narcotráfico.
“Quien llegue al Gobierno no tiene tiempo que perder”, asegura Andrade Quevedo. De lo contrario, concluye: “Estamos en camino hacia un Estado fallido”.
